'Mordaza', lenguas y secretos oficiales: la carta a los Reyes de los socios del PSOE

La reforma del artículo 49 está garantizada, tras registrarla este viernes conjuntamente el PP y el PSOE en el Congreso. Es la única norma que saldrá con apoyo de la oposición, 'a priori', aunque los populares quieren también promover una ley para modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras Vox ha recuperado la ley de Ciudadanos para proteger a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que de momento el Ejecutivo veta por aumentar el gasto.

El Consejo de Ministros aprobó la ley de paridad pendiente de la anterior legislatura, con la que el Gobierno quiere garantizar la presencia de al menos el cuarenta por ciento de mujeres en todos los ámbitos de las empresas públicas y privadas. En lo que va de actividad parlamentaria, el Pleno del Congreso ha tomado en consideración tres normas: la de amnistía, una para despenalizar las injurias a la Corona y el enaltecimiento del terrorismo, y otra para que deje de ser obligatorio acudir a la llamada de las selecciones españolas deportivas. Esas dos últimas no tienen garantizado su recorrido, pero sus promotores, Sumar y ERC respectivamente, buscarán adeptos para aprobarlas.

Habrá que ver en qué se concreta también la ley de plurilingüismo pactada entre Sánchez y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, con la que los separatistas pretenden que cualquiera pueda expresarse en una lengua cooficial en la Administración General del Estado.

El PSOE, tras un pacto con Coalición Canaria (CC), también se ha comprometido a impulsar una reforma legal para que las competencias sobre los menores extranjeros no acompañados dejen de ser responsabilidad exclusiva de las comunidades autónomas que los reciben. Esa y la ley de paridad son prioridades socialistas. Las fuentes consultadas de Sumar, sin entrar en detalle, apuntan como claves el aumento del poder adquisitivo de la ciudadanía, los derechos sociales y feministas, la educación, los permisos de paternidad, la lucha contra el cambio climático y las reformas fiscales.

Fuentes de ERC consultadas por ABC remarcan que la agenda legislativa la lleva el Gobierno, aunque avisan que irán «partida a partida» negociando, empezando ya por la ley de amnistía, los Presupuestos Generales del Estado –el Ejecutivo quiere llevar el techo de gasto a debate en enero– y el real decreto ley para prorrogar las medidas anticrisis, que debe pasar aún por el Congreso y donde Junts aprieta para que no afecte a la amnistía.

Son más concretos desde las formaciones vascas, donde apuntan distintos objetivos. Bildu habla de la necesidad de abordar «asignaturas pendientes» de la anterior legislatura, como la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza' por sus detractores; la recuperación de derechos excluidos en la reforma laboral de Yolanda Díaz (el encarecimiento del despido) y la transferencia de competencias.

El PNV regresa con reivindicaciones ya clásicas, como la ley de secretos oficiales, reforzar el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la jurisdicción universal y la reforma del Tribunal Constitucional (TC). Los nacionalistas vascos llevan siete años intentando que se fijen plazos para desclasificar documentos y, con ello, homologar «la ley franquista» al resto de los Estados europeos. Respecto al TC, el PNV quiere eliminar el carácter ejecutivo de sus sentencias y derogar el recurso previo de inconstitucionalidad contra estatutos regionales.

Podemos, ahora en el Grupo Mixto, también se suma a las peticiones al Gobierno, con medidas en materia de vivienda, salud mental, avances feministas... Entre otras cosas, pide regular de forma permanente el impuesto a las grandes fortunas y avanzar en la legalización del cannabis. Un asunto que también quedó en el tintero.