Moncloa cree que rebajar la sedición no le desgasta y espera ideas de ERC

Aunque ayer la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, reiteró en la idea de que «no hay mayoría» para la reforma legislativa, lo cierto es que con la renovada voluntad de ERC de llegar a acuerdos con el PSOE las cosas han cambiado. Ahora, la cuestión está en buscar el punto de equilibrio entre la pretensión de ERC de rebajar todo lo posible las penas por el delito de sedición y el punto mínimo que el Gobierno quiera aceptar.

Las versiones entre una y otra parte son distintas. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, asegura que ambas partes ya se intercambian papeles. Fuentes de la cúpula del Gobierno insisten, sin embargo, en que ERC no les ha transmitido «ninguna propuesta». Lo que sí ha querido hacer el Ejecutivo por boca del presidente es refrendar públicamente su «compromiso» de acometer esta reforma. Eso sí, el Gobierno no va a dar un paso en este sentido si los cambios no están pactados de antemano. Piden más certezas a ERC.

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En el Gobierno creen que afrontar esta reforma no supondrá un coste específico para el PSOE, una vez que ya se accedió a otorgar los indultos. Además, el Ejecutivo está dispuesto a explotar la idea de que la situación social y política en Cataluña es mejor ahora que en 2017. Y, además, en privado se traslada una idea fuerza como consecuencia de una eventual reforma de la sedición: la fuga de Carles Puigdemont podría tocar a su fin porque entienden que una nueva euroorden sería aceptada. Sánchez prometió en el debate electoral de las elecciones de noviembre de 2019 que traería a Puigdemont de vuelta a España para que respondiera ante la Justicia.

Y esa es una clave importante. ¿Pueden asumir el Gobierno y especialmente ERC una reforma que ponga fin a la fuga de Puigdemont pero que no evite su entrada en prisión? Porque, además de sedición, el expresidente autonómico catalán está encausado por malversación. Y con el agravante de su fuga sería casi imposible que no se decretase su entrada en prisión de manera provisional a la espera de juicio.

El otro caso relevante -al margen de las particularidades de Clara Ponsatí y Toni Comín- es el de la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Huyó a Suiza y está encausada por rebelión, aunque al caer este delito en el juicio del Tribunal Supremo, todo apunta que se sustituiría por el delito de sedición. Ella sí podría ser beneficiaria directa de una reforma que rebaje las penas, tanto como para que los delitos hayan prescrito una vez que Rovira vuelva a pisar suelo español.

En cualquier caso, lo que sí parece seguro es que antes de final de año estará encima de la mesa del Consejo de Ministros la propuesta formal de iniciar el trámite de reforma legislativa del artículo 544 del Código Penal. De ahí, se llevará a la Cámara Baja.

La fecha límite quedó establecida en la última reunión de la mesa de diálogo entre los dos gobiernos, en julio de este año. Aunque entonces Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, quiso pasar por encima de este punto del acuerdo, desde la Generalitat se remarcó que aceptar la necesidad de la reforma, por parte del Ejecutivo de Sánchez, era un gran avance en las reivindicaciones de los independentistas. El objetivo es que la legislación se adecúe a las exigencias de ERC y Junts y tenga el mismo efecto -o lo más parecido- al de una amnistía para los procesados por el 'procés'.

La idea de la desjudicialización, en terminología independentista que parecen haber aceptado tanto el Gobierno como el PSOE, no se limitará al delito de sedición. Es un paso más (indultos, no impugnar la ley contra el 25% de español en las aulas...) de una hoja de ruta cuyo objetivo final, según ha fijado Aragonès en varias ocasiones, no es más que conseguir la celebración de un referéndum de secesión. La última vez fue hace unas semanas al enarbolar la vía canadiense.

«Un trimestre clave», en referencia al último de este año, fue lo que dijo el presidente de la Generalitat días después de la última mesa de diálogo foro no regulado en el que, ayer mismo, Patrícia Plaja, portavoz de la Generalitat, circunscribió cualquier reforma del Código Penal.

«La desjudicializción es un tema que se está trabajando con total discreción. El Gobierno se comprometió a abordar la desjudicialización antes de acabar el año. (...) El Estado ya sabe lo que ha de hacer», señaló Plaja este martes. Y añadió: «El Código Penal contiene delitos de naturaleza política. Francia, Alemania y Suiza ya reformaron estos delitos para adaptarlos a la democracia y los derechos humanos. Si no se hacen cambios, el Estado español tiene un déficit democrático».

Con esta advertencia y sin un desmentido por parte del Ejecutivo, antes de que finalice 2022 se tendrá, al menos, el compromiso formal por parte del Gobierno de cambiar el Código Penal para rebajar la pena por el delito de sedición. Esta reforma también la da por hecha Podemos y los comunes. Jaume Asens, presidente de Podemos en el Congreso, defendió, ayer en TV3, que la sedición «es un delito anacrónico» y aseguró que, desde su punto de vista, los delitos de sedición y rebelión no tienen nada que ver con el 1-O, «el 1-O fue el ejercicio de un derecho fundamental». Asens concretó: «El debate importante es sobre lo que es la sedición, antes de decidir si la pena es de dos, cuatro o seis años».