El sindicato, acusación popular en las causas judiciales que afectan al Gobierno de Sánchez (caso Ábalos, caso Begoña Gómez y caso David Sánchez), afirma en su denuncia, consultada por ABC, que «los técnicos de Red Pública Española y expertos en la materia ya alertaron desde el año 2020 de que podía producirse una catástrofe de estas dimensiones».
Igualmente, recuerdan que «el Consejo de Europa estableció en el año 2020 una ratio de interconexión para el sistema eléctrico español que debía alcanzar el 10% y únicamente tenía establecido el 6%».
En el escrito recogen que, entre las funciones de Corredor se encuentran «la garantía y seguridad en la calidad del servicio; delimitar y controlar el nivel de garantía nacional en el sistema eléctrico nacional; el control de seguridad y reposición del servicio; la explotación y mantenimiento de la red eléctrica nacional y la responsabilidad del funcionamiento».
De ahí que consideren que «se ha producido una presunta imprudencia grave por parte de la máxima responsable del servicio, incurriendo no sólo en una culpabilidad in vigilando».
En el escrito repasan las consecuencias que tuvo el apagón, tanto las cinco muertes (a la hora de la presentación de la denuncia), como las pérdidas de más de 1.600 millones de euros, «lo que afecta a un 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB)»; «las crisis de ansiedad en la población o »los daños del sector agrícola, industria, servicios (hostelería y turismo), comercio, alimentación, cancelaciones de medios de transporte con miles de pasajeros atrapados y tirados como perros«.
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