El Real Madrid gasta su última bala y recurre el fallo del TSJM sobre los aparcamientos del Bernabéu

Según ha podido saber este periódico, apurando hasta el último momento del plazo que tenía para recurrir, el equipo blanco ha insistido en el «interés público» de esta obra, además de cuestionar la legitimidad de la parte demandante, la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, para impulsar este procedimiento judicial.

El Ayuntamiento de Madrid se ha mantenido al margen de esta cuestión. Ya el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, reconocía hace un mes que, tras el análisis de los servicios jurídicos municipales, consideraba «difícilmente viable» que pudiera prosperar un recurso de casación. No obstante, desde el consistorio se está buscando una fórmula que les permita «viabilizar» la estructura que ya está ejecutada «en un porcentaje considerable y donde se ha invertido dinero».

Noticia Relacionada

Las grietas del megaproyecto del Santiago Bernabéu

Gonzalo Cabeza

Los sobrecostes de la obra, el freno a los conciertos y el revés judicial por el parking golpearon duro en los planes de crecimiento del Real Madrid

El proyecto, financiado íntegramente por el Real Madrid, contaba con la creación de dos nuevas infraestructuras subterráneas–con casi 1.900 plazas, de las cuales un tercio irían destinadas a residentes y comerciantes– en los aledaños del estadio del Real Madrid con las que el consistorio madrileño pretendía promover la movilidad sostenible y satisfacer la demanda de aparcamiento.

Los vecinos denunciaron que los proyectos autorizados infringían las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid. La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid dio la razón en primera instancia a la parte demandante.

Incidía que tanto el estudio de viabilidad presentado por el Real Madrid como el posterior informe económico-financiero elaborado por el Ayuntamiento de Madrid sufrieron «una alteración significativa» tras el trámite de audiencia pública, «siendo el propio ayuntamiento quien introdujo importantes modificaciones las cuales no fueron sometidas nuevamente a información pública».

Por ello, en su argumentación, los magistrados del tribunal que anuló la concesión apuntaban que los informes técnicos y periciales aportados «no dejan lugar a dudas» y concluyen que los proyectos aprobados vulneran el plan especial por lo que se debió haberse tramitado «uno nuevo o un instrumento urbanístico de mayor rango, con estudios ambientales y de movilidad actualizados, sometidos a evaluación ambiental estratégica por un órgano independiente».