Los vertederos ilegales, un problema «incontrolable» en todo Madrid

Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid reconocen el problema, pero señalan que no consta un registro de cuántos existen en la región. «No tenemos un censo como tal porque muchos son pequeños y puntuales, es algo incontrolable» , apuntan desde la Dirección General de Economía Circular, dependiente de la consejería y encargada de la materia.

Las mayoría de estos vertederos improvisados en pleno campo son consecuencia de obras sin licencia o de promotores «pirata» que vierten los escombros en cualquier lugar para ahorrar costes. «Allá donde haya una obra ilegal habrá residuos», advierten desde la concejalía, que dirige Paloma Martín (PP).

Este extremo, no obstante, se cumple en dos puntos que Medio Ambiente sí identifica como un problema permanente y perfectamente localizado: el citado camino de la Magdalena de Vallecas y cuatro kilómetros del río Guadarrama , en el Parque Regional del Curso Medio del cauce homónimo. Sofás, colchones, electrodomésticos, basuras, neumáticos, kilos de plásticos... El inventario es casi infinito en ambos lugares, sin freno aparente.

En el caso del Guadarrama, como informó ABC, se ha puesto en marcha un grupo de trabajo para tratar de aliviar el problema, con la participación de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Transición Ecológica y por el Reto Demográfico, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y los ayuntamientos en cuyo término municipal se producen estos vertidos ( Arroyomolinos, Batres, Móstoles, Villaviciosa de Odón y Navalcarnero ). Una de las primeras medidas se centra en blindar el cauce con vallas, zanjas o taludes para dificultar el paso de camiones que descargan la «mercancía». Tanto aquí como en el sur de la capital, sin embargo, los residuos parecen ser ya parte del paisaje, cada vez en peor estado. A pesar de que también en Vallecas se instalaron bolardos y maceteros contra el paso de los vehículos, el resultado es el mismo.

Fuentes de Medio Ambiente detallan a este diario que, junto a estas actuaciones puntuales, se activó en 2020 un plan de choque en las parcelas públicas de municipios de menos de 5.000 habitantes . El balance es preocupante y un fiel reflejo del problema: se han retirado un total de 1.226 metros cúbicos de escombros, muebles y basuras en estas localidades, lo que equivale a más de mil toneladas de residuos. El dispositivo, aún en marcha, cuenta con un presupuesto de 749.451 euros. Desde la consejería explican que es fundamental la colaboración entre las administraciones, habida cuenta de que la Comunidad carece de competencias en la gestión de la limpieza –a excepción de las vías pecuarias–, que recae en los ayuntamientos.

La estrategia se ha centrado este año en el Guadarrama y en estos pequeños municipios, pero lo cierto es que los vertederos no son una cosa exclusiva de estas zonas. Getafe, Leganés, Parla, Pinto, Arroyomolinos, Móstoles, Alcorcón... Todo el sur y suroeste de la región conforma un inmenso vertedero con focos intermitentes, según denuncia Ecologistas en Acción , que insiste en la «insuficiencia» de las medidas implantadas por la Comunidad de Madrid. «Tras lustros de vertidos y ocupaciones, el plan de limpieza del río Guadarrama es una oportunidad para recuperar tres vías pecuarias de Móstoles y Arroyomolinos», señalan desde la organización.

Un problema añadido en muchas de estas ubicaciones es que a la porquería doméstica se le suman restos de amianto, un material altamente cancerígeno y tratado sin ninguna seguridad, expuesto a todo aquel que pasa por los caminos donde descansan. Es el caso de la frontera entre Alcorcón, Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte, cuyos escombros enfrentan a los tres ayuntamientos –de tres partidos distintos: PP, Cs y PSOE–.

Otro problema que hace aún más necesaria la intervención de las administraciones es que algunas de estas escombreras ilegales se depositan en territorios naturales protegidos y de alto valor ecológico. De nuevo es el caso del Guadarrama, pero también en el Parque Regional del Sureste, a su paso por Getafe. Las montañas de muebles, cascotes, neumáticos y ropas usadas se extienden desde hace años por los márgenes de los senderos, sin que aún haya habido respuesta efectiva por parte del Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PSOE.

De hecho, esta basura se amontona en paralelo a los vertidos de aguas fecales que se arrojan sin control al río Manzanares desde el barrio de Perales del Río desde hace 24 años, con un impacto notable para los ecosistemas y las personas, según concluye la unidad del Seprona de la Guardia Civil en diversos informes. La alcaldesa, Sara Hernández, y otros cuatro ediles socialistas están imputados por un delito contra el medio ambiente.

El trabajo del Seprona, precisamente, es fundamental en la vigilancia de estas zonas conflictivas. Desde Medio Ambiente detallan que generalmente son ellos los que dan parte de la existencia de estas escombreras, aunque también lo hacen las policías locales, los técnicos del área o incluso vecinos. Aún así, la realidad es que el control dista mucho de lo deseado. Una prueba es que en los últimos cuatro años, según cifras de la consejería, únicamente se han resuelto 129 expedientes disciplinarios , que suponen aproximadamente un millón de euros en sanciones.

El hecho de que no se persiga a más infractores es que se les ha de sorprender en el mismo momento de la descarga. En 2020, añaden desde el área de Medio Ambiente, se han impuesto 21 multas, que suman otros 49.751 euros.