La Unión Europea da el «OK» al decreto de pisos turísticos de la Comunidad de Madrid

La respuesta de las autoridades europeas ha llegado a través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea que, en su misiva, certifica que el procedimiento establecido por la Directica 2015/1535 «está finalizado y, por lo tanto, el proyecto puede seguir su tramitación administrativa».

Esto supone que, tras el estudio detallado del borrador de Decreto por parte de la Comisión Europea, las autoridades comunitarias no han planteado observaciones al documento, que fue remitido a Bruselas a mediados de noviembre de 2017. Posteriormente, a finales de enero, la directora general de Turismo de Madrid, Marta Blanco, se trasladó a la capital comunitaria para explicar con detalle el contenido de la nueva ley en una reunión informal.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, respiraba tranquilo tras conocer el vistobueno europeo a la norma que ha desarrollado su departamento para los pisos turísticos: «Esto respalda el trabajo que hemos desarrollado hasta ahora , algo que nos anima a continuar por la misma línea». Ahora es el momento de estudiar las alegaciones que han aportado diversos colectivos del sector al texto propuesto. Lo que harán, explica De los Santos, «sumando todo aquello que enriquezca el texto definitivo que, básicamente, tiene como objetivo principal ordenar una actividad compleja y muy novedosa».

El decreto ordena la actividad, ajustándose a las sentencias que se han conocido hasta el momento. Se exige en él a las viviendas de uso turístico un certificado de idoneidad, que permitirá a los propietarios de inmuebles dar de alta sus viviendas en el Registro de la Comunidad de Madrid.

Además, el decreto define por primera vez qué son los canales de oferta turística, integrando en ellos a las plataformas on line que salen de este modo del limbo legal y se convierten en empresas turísticas, con todos sus derechos y obligaciones legales. El incumplimiento de estas últimas puede suponerles sanciones que podrían llegar hasta los 300.000 euros.

Los propietarios de establecimientos turísticos tendrán que informar a la Dirección General de la Policía sobre la identidad de las personas que se alojan en ellos, al igual que se hace ahora en hoteles, hostales y pensiones. También están obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil, a disponer de calefacción, agua fría y caliente, y a unas mínimas dimensiones por persona. También se fija la obligación de los ocupantes de cumplir las reglas de convivencia básicas.