Los pisos turísticos vacían el centro: solo 14 vecinos resisten en la plaza de Santa Ana

De los cerca de 5.000 apartamentos inscritos en el registro de la Comunidad de Madrid, al menos 1.000 se concentran en esta zona. «Una cifra que hay que multiplicar por más de cinco para llegar hasta los casi 6.000 que en realidad hay aquí», explica Víctor Rey, presidente de la Asociación de Vecinos de Sol y Barrio de Las Letras, mientras hace las veces de guía por las calles más afectadas . En este histórico enclave, ocho de cada diez portales presentan al menos una vivienda de uso turístico, y más de 40 edificios están copados en su totalidad. El caso de la plaza de Santa Ana resulta demoledor: solo 14 vecinos resisten entre el centenar largo de casas destinadas a fines no residenciales. «En la esquina con Núñez de Arce hay un bloque completo; a su derecha, están reformando otro para convertirlo en un hotel; el vaciado de la plaza es más que revelador», subraya.

Muy cerca de allí, en el número 15 de la calle del Príncipe, 42 de las 50 viviendas que conforman el inmueble están destinadas al turismo ocasional . Además del constante traqueteo de maletas, en la planta baja hay una pequeña recepción a imagen y semejanza de los hospedajes más tradicionales. En el antiguo arrabal donde vivieron algunos de los literatos más destacados del Siglo de Oro español, pocos son los telefonillos que no cuentan con un rótulo o letrero para anunciar esta actividad. En los balcones tampoco es raro leer mensajes del tipo «Rooms desde 29 euros». «No es aceptable que haya pisos turísticos más allá de la primera planta. Son ilegales porque no tienen acceso directo a la calle», advierte Rey. En Madrid, el número de viviendas dedicadas a este negocio estaría actualmente por encima de las 19.000 , casi un tercio más de las chequeadas hace 12 meses.

Ante tal situación, varias asociaciones y colectivos vecinales de Centro han iniciado una campaña ciudadana «contra la turistificación sin control de nuestros barrios», en la que rechazan «la invasión de alojamientos turísticos fuera de la legalidad y la proliferación desproporcionada de hoteles, bares y terrazas que convierten el centro en un espacio comercial que se configura progresivamente sólo para turistas, donde los derechos de las personas en los barrios se ven profundamente afectados». En ese sentido, piden una profunda revisión del reciente proyecto de decreto presentado por la Comunidad de Madrid para regular este tipo de alojamientos.

El Gobierno regional pretende establecer un certificado de idoneidad que garantice la calidad de los hospicios, así como diferentes condiciones para ordenar una actividad cuya regulación catalogan de «compleja». El borrador señala que solo se podrán publicitar las viviendas registradas, con sanciones de hasta 300.000 euros por incumplimiento; y se deberá informar a la policía sobre la identidad de sus inquilinos, asi como contratar un seguro. También incluye una serie de condiciones como fijar en un 75% el número máximo de pisos turísticos en un edificio -un 50% si el inmueble pertenece a un único propietario- o establecer una capacidad de hasta dos huéspedes por 25 m2, cuatro entre 25 y 40 m2 y dos más por cada 15 m2 útiles adicionales. Y plantea, además, la consideración de Airbnb y el resto de plataformas como empresas turísticas, con independencia del número de días que se arrienden al año.

Aunque desde la Consejería de Turismo de la Comunidad recalcan que es un proyecto posibilista, garantista («queremos evitar que un tribunal lo tumbe como ha pasado en otras regiones») y redactado teniendo en cuenta a todos los agentes implicados, incluida la Unión Europea, lo cierto es que el rechazo ha sido generalizado . Vecinos, hoteleros, otros empresarios o administradores de fincas han mostrado su malestar ante lo que consideran un plan demasiado laxo , orientado a mantener la proliferación de estos pisos. Por ello, la Dirección General de Turismo ha recibido hasta 48 alegaciones a un proyecto de decreto, cuyo texto es «mejorable y abierto a modificaciones», según reconocen desde la propia dirección a este periódico.

Entre esas alegaciones, el Ayuntamiento de Madrid estima que no se debería superar el 40% de la ocupación de un edificio y considera «fundamental» para el desarrollo de la economía colaborativa que los arrendadores cuenten con un margen de 90 días antes de necesitar una licencia para ejercer la actividad. Plazo, este último, que también ha levantado ampollas entre los residentes. «Si el plan de la Comunidad no se ajusta a la realidad, los tres meses de barra libre que quiere el Ayuntamiento menos. La economía colaborativa de la que hablan es ínfima, esto es economía pura y dura», explica el titular de la Asociación de Vecinos de Sol y Barrio de Las Letras, quien tiene clara, además, la relación entre este modelo de negocio y el incremento del precio de los alquileres.

Tras el verano de 2016, los residentes de Centro observaron una subida de los arrendamientos tradicionales , justificada entonces por el inicio del curso universitario. Pero lo cierto es que pasado el primer trimestre, aquella curva al alza ya nunca volvería a bajar. «Nos tuvimos que marchar; era imposible pagar de un año para otro un 25% más de lo firmado en el primer contrato», detalla Javier, convencido del efecto rebote en la fuerte escalada de alojamientos turísticos: «Los inquilinos de toda la vida salimos y los propietarios aprovechan para anunciarse en Airbnb y ganar mucho más; si te fijas, nosotros pagábamos 900 euros mensuales y ahora se alquila por 80 euros al día».

No obstante, según un informe encargado por el Ayuntamiento a la consultora Red2Red, «en el año 2016 todos los distritos incrementaron el precio anual de alquiler, siendo sin embargo Tetuán el que más subió (un 16,7%), seguido de Barajas (10,1%), Ciudad Lineal (10%), Carabanchel (9,9%), Fuencarral (9,3%) y Chamberí (9,2%); situándose el distrito Centro en la media, con un incremento del 8,2%».