El TSJM admite a trámite un recurso contra la operación Madrid Nuevo Norte

El auto de la sala de lo Contencioso Amdinistrativo expone que el recurso presentado cumple «los requistos legales para su admisión». Asimismo, requiere al Ayuntamiento de Madrid la remisión del expediente de la aprobación inicial de Madrid Nuevo Norte en el plazo «improrrogable» de 20 días. La operación urbanística, en caso de que nada lo impida o el recurso no siga adelante, tiene previsto ponerse en marcha en el primer trimestre de 2019.

El pasado 5 de diciembre finalizó el plazo de información pública establecido por el Ayuntamiento de Madrid para presentar alegaciones . En total, más de 3.500 escritos piden la retirada del expediente. «Nunca antes un proyecto urbanístico había generado tanta oposición vecinal y ecologista en Madrid», dice el comunicado. FRAVM y Ecologistas en Acción presentaron las alegaciones al Ayuntamiento, pero, en previsión de que fueran desestimadas, decidieron recurrir también a la Justicia que, en este caso, sí las ha aceptado.

Las organizaciones recuerdan que el proyecto de Carmena en el norte de Madrid supone la transformación de 3,3 millones de metros cuadrados, una superficie que equivale a tres veces el parque de El Retiro, en una zona atravesada de norte a sur por la red ferroviaria. También aseguran que, aunque el 80% del suelo es de titularidad pública (Adif, Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, Canal de Isabel II y Empresa Municipal de Transportes), el « aprovechamiento lucrativo está en manos de la entidad privada Distrito Castellana Norte»

Madrid Nuevo Norte construirá 22 rascacielos de dimesiones –uno de ellos, el más alto de España hasta la fecha– similares a las cuatro torres existentes en Plaza de Castilla y un total de 10.700 viviendas –más de 2.000 protegidas–. «Las cesiones de suelo para la construcción de dotaciones públicas y zonas verdes está por debajo de los estándares mínimos que establece la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para los suelos considerados como urbanizables. Es decir, la Operación Chamartín supone la primacía del interés privado de DCN ante el interés público », aseguran las dos asociaciones.

En cuanto a la construcción de viviendas públicas o con algún tipo de protección, el comunicado asegura que «están por debajo del mínimo contemplado» tanto por la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid como por la estatal: «El proyecto destina a este tipo de vivienda el 20% de la edificabilidad residencial, mientras que la normativa establece que debe cederse un mínimo de un 30% en suelos urbanizables».

Otra cuestión clave es que las zonas verdes se construirán, según ambos colectivos, sobre 20 hectáreas de hormigón –superficie similar a 20 campos de fútbol– que se situarán junto a la estación de trenes de Chamartín , no sobre suelo natural.