Cs se suma a la izquierda y concluye que hubo «mala praxis» del PP al investigar el espionaje a Ayuso

Esas han sido las dos palabras que ha utilizado el concejal delegado del Área de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Cs), para justificar su alianza con la izquierda en la aprobación del dictamen que se elevará al próximo pleno en el mes de julio. Ciudadanos, PSOE y Más Madrid han votado a favor . El Grupo Mixto, formado por los tres concejales carmenistas que rompieron con Más Madrid el año pasado , se ha abstenido. Vox, cuyo paso por la comisión ha sido meramente testimonial, y PP han votado en contra.

Ciudadanos censuró el escándalo de su socio de Gobierno el mismo 17 de febrero, cuando los medios de comunicación desvelaron el supuesto caso de espionaje en el seno del consistorio. La vicealcaldesa Begoña Villacís fue tajante: «No vamos a permitir en ningún caso que usen el Ayuntamiento de Madrid y su dinero para las guerras partidistas del PP, es vergonzoso lo que estamos viendo». Tres meses más tarde, la formación naranja ha apoyado el dictamen de conclusiones, pero no ha habido represalias en el matrimonio del Palacio de Cibeles .

Las ausencias de 26 de los 45 comparecientes citados por los grupos municipales han protagonizado una comisión inútil a la hora de arrojar luz al caso que desbarató al PP y desencadenó la dimisión de su líder, Pablo Casado . Faltaron los protagonistas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso. El exalcalde madrileño Alberto Ruiz Gallardón, que se sospecha podría ser la «persona de confianza» que habría advertido del supuesto espionaje a Ayuso y al regidor José Luis Martínez-Almeida. El excoordinador de Alcaldía, Ángel Carromero, la primera dimisión que se cobró el escándalo . David Fernández, la segunda cabeza cortada, el exjefe de prensa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), donde presuntamente se intentó contratar los servicios de un detective privado, Julio Gutiez, que también esquivó su comparecencia. Y el exjefe de prensa de Alcaldía, Joaquín Vidal, ahora al frente de la comunicación de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

El propio Almeida —que asistió a la décima sesión— se comprometió a que todos los cargos del PP citados comparecieran. El dictamen critica que «no han asistido ni siquiera altos cargos y eventuales de su gobierno». «Ha sido una comisión muy complicada, con muchas trabas», ha declarado la portavoz socialista, Mar Espinar, «han llamado mucho más la atención los ceses, las ausencias, y los que han comparecido han venido a contarnos una historia que estaba bien aprendida». Una comisión «fallida», según el edil del Grupo Mixto José Manuel Calvo. «Se han puesto muchos obstáculos para poder conocer la verdad» , zanja el documento final.

El relato construido a partir de las 19 comparecencias ha confirmado a la EMVS como escenario de los hechos . El pasado diciembre, una «persona de confianza» transmitió el rumor del presunto espionaje a Almeida, que acudió a su círculo más íntimo, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz. En enero, el alcalde envió a Carabante a la empresa municipal, dependiente del Área de Desarrollo Urbano, para reunirse con su presidente, Álvaro González, y su jefe de prensa. Ahí comenzó lo que Almeida calificó de «investigación interna» para dar con la contratación (o el amago de contratación) de un detective.

Ciudadanos, PSOE y Más Madrid han concluido que González «incumplió el Código Ético de la empresa al iniciar una investigación no siendo competente para ello». El presidente no dio parte al Comité de Ética, el canal de denuncias de la EMVS, ni al Consejo de Administración. Y que Carabante «se extralimitó en sus funciones y competencias acompañando al delegado de Vivienda a la reunión en la sede de la EMVS», sentencia el documento de 16 páginas. En cualquier caso, sus pesquisas no dieron con contrato alguno. Una vez se desveló el caso, el Comité de Ética investigó los hechos a petición del Consejo de Administración. «El informe concluye que es imposible realizar esta contratación sin que figure en la contabilidad de la empresa y por tanto no se ha producido», indica el dictamen.

Si algo ha resultado de la comisión de investigación ha sido el propósito de los grupos municipales de mejorar la gestión de este tipo de situaciones en el futuro. Todos han aprobado por unanimidad un segundo documento, un dictamen de recomendaciones con cinco puntos que también se elevará al pleno en julio. «La primera es que todo compareciente que reciba recursos económicos del ayuntamiento deba declarar» en una comisión de investigación, ha asegurado el concejal del PP José Fernández. Los servicios jurídicos del ayuntamiento redactarán un informe que recoja, «entre otras posibles consecuencias, el cese inmediato» de los ausentes.