IU registra la querella contra Villacís por «actividades prohibidas y abusos en el ejercicio de su función»

Para Izquierda Unida, el comportamiento de Villacís iría en contra de lo que marca el artículo 441 del código penal, lo que podría conllevar penas de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años . Sánchez Mato ha asegurado que han presentado esta querella por «deber político» ya que se deben «aclarar los hecho» porque Villacís ha eludido su obligación de declarar sus intereses de administradora solidaria y propiedades ligadas al ejercicio de su cargo y «debería haber pedido compatibilidad».

Tal y como publicó ABC , la portavoz de Cs ocultó en su declaración de actividades durante los años 2015, 2016 y 2017 la sociedad patrimonial y profesional que administraba junto a su marido. Ella misma reconoció a este diario que fue «un error» no inscribir su cese en el Registro Mercantil . Argumentó que había dejado el cargo en septiembre de 2011, pero la sociedad no lo elevó a público.

«A un concejal o letrado no se le puede olvidar comunicar los intereses en una sociedad, más si está pleiteando con el Ayuntamiento», ha subrayado Sánchez Mato. Ante estos hechos, como informó este diario, el propio Ayuntamiento elaboró un informe jurídico en el que queda constancia de «diversas irregularidades» en la forma de actuar de Villacís. Por ello, IU consdiera que «debería haberse abstenido de participar en diferentes votaciones plenarias» .

En el escrito IU pide que sean llamados como testigos la concejala Rommy Arce , el secretario del Pleno, Federico Andrés López , y Antonio Suárez-Valdés , marido de Villacís y administrador del gabinete jurídico del mismo nombre. Con ello, quieren demostrar que Villacís era administradora solidaria de Iuriscontencia S.L., sociedad que representa al sindicato UPM que se querelló contra la concejal de anticapitalistas. IU argumenta que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece que «son incompatibles los abogados y los procuradores que dirijan o representen a partes en los procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación».

En casos de incompatibilidad se exige que se renuncie a la condición de concejal o se resuelva la situación. Y Villacís, subrayan, ni renunció al acta ni al cargo de administradora hasta que fue desvelado por la prensa. «Es evidente que va a existir compensación económica por parte del sindicato querellante hacia la sociedad que le representa en el juicio, sino que existe una notable expectativa de obtener un beneficio de carácter político y electoral por parte de Villacís», arguye IU en la querella.

Para la afectada, la querella interpuesta contra ella «tiene el mismo futuro que IU en el Ayuntamiento, ninguno», y ha cargado contra el «carroñerismo político» y «el juego sucio». «Lo hacen ahora porque la alternativa al populismo es Cs», ha afirmado, según recoge Ep. A Villacís le resulta «curioso que IU vaya a hacer algo que ni el propio Ayuntamiento ha visto». Cree que la querella «no tiene ninguna viabilidad jurídica» porque es «una querella temeraria, muy típico del carroñerismo político que últimamente ejercitan algunos ante su posibilidad más que cierta de su disolución».

Añade que la interposición de la querella es «algo absurdo» porque no es administradora de la sociedad y porque no ostenta funciones de gobierno en el área de seguridad. «Es por eso po lo que el Ayuntamiento no ha tenido ninguna acción y ellos (a IU) lo hacen porque estamos a dos meses de las elecciones. No engañan a nadie a estas alturas», ha argumentado la edil que lamenta «que se utilice la justicia para estos fines».