IU Madrid presenta una querella criminal contra Villacís por «conflicto de intereses»

Dada la naturaleza de los hechos, explican en Izquierda Unida que «se considera necesario poner las irregularidades en conocimiento de la justicia».

La posibilidad de plantear esta querella ya fue anunciada en su día por el tercer teniente de alcalde de la Corporación municipal, Mauricio Valiente . Ahora, se lleva adelante porque la formación considera que la candidata de Cs a la Alcaldía y actual portavoz de esta formación en el Ayuntamiento madrileño pudo incurrir en un choque de intereses por intervenir en defensa de los sindicatos policiales enfrentados al Gobierno local al tiempo que figuraba como administradora de la sociedad que gestionaba el bufete de abogados Suárez-Valdés, que presentó la querella de la Unión de Policía Municipal (UPM) contra Juan Carlos Monedero y contra la concejal Rommy Arce por un presunto delito de odio. Dicho delito se refiere a los tuits críticos con la Policía Municipal que la concejal vertió en las redes sociales a raíz de la muerte del mantero Mame Mbaye en Lavapiés, hace ahora un año.

ABC publicó que la portavoz de Cs había ocultado durante tres años –2015, 2016 y 2017– en su declaración de actividades la sociedad patrimonial y profesional que administraba junto a su marido. Contactada por este periódico, reconoció que fue «un error» no inscribir su cese en el Registro Mercantil . Argumentó que había dejado el cargo en septiembre de 2011, pero la sociedad no lo elevó a público.

El tercer teniente de alcalde consideró «muy grave» lo ocurrido: «No sólo no se informó de la situación que tenía con la sociedad, sino que ha intervenido recurrentemente en cuestiones de clientes de esta empresa», advirtió Valiente, que cree que el comportamiento de la concejal es contrario al artículo 441 del código penal .

Ese artículo señala que «la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las leyes o reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo , o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependa, incurrirá en las penas de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años».

El Gobierno local cuenta además con un informe interno elaborado por la Asesoría Jurídica y la Secretaría del Pleno en el que se menciona la posible incompatibilidad y el incumplimiento del deber de abstención. Dicho documento –que obra en poder de la Alcaldía madrileña desde el 6 de mayo de 2018– recoge que la regidora podría interponer una sanción o llevar el asunto a Fiscalía «por si pudiera ser constitutivo de un ilícito penal».