Un marroquí lideraba la mayor trama activa de uniones de hecho de conveniencia en Madrid, con 38 detenidos

La última ha sido desarticulada recientemente. Tenía como epicentro San Fernando de Henares y a un marroquí como cabecilla. Se ha saldado con 38 detenidos, acusados de los delitos de organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, estafa y usurpación de funciones y estado civil.

El entramado cobraba entre 8.000 y 12.000 euros por cada unión. En febrero de 2020, justo antes de la pandemia, los investigadores empezaron las pesquisas, tras intervenir a un hombre documentación que, tras ser analizada, se sospechó de su origen fraudulento. Debía de haber una trama detrás.

Para tirar del hilo, hubo que desempolvar multitud de expedientes de extranjeros que se habían beneficiado , por este trámite, de la obtención del régimen comunitario. Sobre todo, a través del registro de San Fernando de Henares.

Han sido casi dos años de vigilancias y comprobaciones, hasta que se desmadejó esta tela de araña con los arrestos de 18 hombres y 20 mujeres. Se han producido cuatro registros, dos en domicilios y los otros en establecimientos comerciales. La Policía Nacional halló documentación, teléfonos móviles y hasta armas.

De este centenar de regularizaciones delictivas, los muñidores del plan habrían sacado un millón de euros . Además, adoptaban múltiples medidas de seguridad, tanto en sus desplazamientos como en sus comunicaciones, utilizando numerosos teléfonos móviles y cambiando con frecuencia de domicilio para evitar ser localizados.

Como buena organización criminal, sus jefes y peones se repartían las tareas. En la cúspide se controlaba la red y distribuían las misiones

En el segundo escalafón estaban los captadores, tanto de extranjeros como de comunitarios, las dos caras de la moneda, para lo que contaban con la ayuda de empadronadores : registraban en múltiples domicilios a estas personas a través de falsedades documentales, y de empresarios, que facilitaban las altas en el régimen de la Seguridad Social y suscribían contratos fraudulentos para aportar medios económicos de subsistencia.

En la base de la red estaban los testigos de las uniones de hecho , falsos, que facilitaban su inscripción.

Como ya informó ABC en agosto, la pandemia pero también los ciclos habituales de la delincuencia (con picos de sierra, en muchas ocasiones fruto de los continuos golpes policiales) arrojan en este sentido cifras a la baja: en 2019, se solicitó la extinción de 358 expedientes de parejas de hecho, dato que bajó a 126 casos el año pasado, en plena crisis del Covid-19.

En la Brigada de Extranjería y Fronteras de Madrid ponen el dedo en la llaga: «Existe un caos en las uniones de hecho porque hay registros municipales en los que se piden unos requisitos y en otros no».