Fiscalía: «La máxima pena legal que se puede solicitar para Flores es de cuatro años»

El Ministerio Fiscal defenderá en la vista que comienza 38 meses y 11 días después de la tragedia una postura basada en que las 5 muertes acaecidas en la fiesta mortal del Madrid Arena no fueron un «accidente». «Fue un hecho lamentable que se pudo evitar», ha afirmado Polo en referencia a las víctimas Cristina Arce, Belén Langdon, Katia Esteban, María Teresa Alonso y Rocío Oña.

«La falta de intervención, la pasividad y la omisión desde la previsión del espectáculo hasta su celebración fue necesaria para el resultado de los hechos», ha añadido. Una de las demandas de condena más alta corresponde al principal acusado, el empresario Miguel Ángel Flores , máximo responsable de Diviertt, la organizadora de una fiesta que terminó en tragedia justo cuando se disponía a actuar el plato fuerte de la noche: el músico y DJ Steve Aoki.

Sobre la pena solicitada para él, cuatro años por cinco delitos de homicidio imprudente y seis de inhabilitación para participar en este tipo de eventos –y dieciséis de lesiones por imprudencia grave–, el Ministerio Fiscal ha reiterado que es «la máxima legal». «Solicitar una pena mayor sería solicitar una pena ilegal», ha considerado el fiscal provincial. «Nos tenemos que ajustar a la legalidad vigente», ha apostillado el fiscal superior de Madrid. «Son las penas máximas que prevé el Código Penal, pero el principio de legalidad, del que es valedor el Ministerio Fiscal, circunscribe el máximo de penas en los límites», han explicado. «Es la que corresponde por la modalidad de concurso en que se presentan estas modalidades delictivas», han dicho.

Cuando se trata de delitos por imprudencia , como sucede en este caso en el que murieron cinco jóvenes, la Ley establece una única pena, es decir, se castiga un conjunto de delitos, ha asegurado Polo. «El Código Penal no deja otra opción», ha añadido. Otra cosa sería si se tratase de delitos dolosos, ha aseverado el fiscal, pero en el caso del Madrid Arena la omisión de los acusados produce un «conjunto de delitos», de ahí que la pena sea genérica. Para Polo, a esto hay que añadir «una ausencia obsoleta en coordinación de seguridad», prevista para un escenario «falso» que se había establecido en función de la capacidad del Recinto.

Ambos han destacado que este imputado tenía «un claro ánimo de enriquecerse». El recinto tenía una capacidad de 10.620 personas mientras que para la fiesta se llegaron a vender en torno a 23.000 entradas . «La ausencia de control de seguridad, el exceso de aforo, la ausencia de cámaras de vigilancia y que 3 de los 8 vomitorios del pabellón estuvieran cerrados son concausas de un mismo resultado», ha explicado Fiscalía.

Junto al promotor del evento, se sentarán en el banquillo responsables de seguridad de Madridec, la empresa municipal que explotaba el pabellón, así como representantes de las empresas Seguriber y Kontrol 34 , responsables, respectivamente, de la seguridad exterior y exterior del evento. Para ellos, Fiscalía solicita una pena de 3 años de cárcel.

En total 15 acusados , 14 de los cuales solicitados por Fiscalía. El ex jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, lo hará a petición exclusiva de la acusación particular. «No hay ninguna prueba de que la actuación de la Policía Municipal en el exterior del recinto contribuyera al resultado de los hecho en el interior del pabellón», sostiene el Ministerio Fiscal.

Acusados están también los médicos Simón y Carlos Viñals , padre e hijo y responsables del equipo sanitario contratado para la fiesta. Para ellos, los fiscales solicitan una pena de dos años, dos meses y un día por imprudencia profesional.

Caballero Klink ha afirmado que se trata de un «juicio muy complejo» que durará más de medio año , por lo que se han destinado dos fiscales «con dedicación exclusiva para tener la mayor de las garantías».

La causa tendrá lugar finalmente en la sección séptima de la Audiencia Provincial a pesar de que en un principio se calculó que iba a tener que trasladarse a otro edificio por la falta de espacio. De este modo, se celebrarán sesiones en la «sala Cero» de la Audiencia Provincial todos los martes, miércoles y jueves hasta el día 4 de febrero para el interrogatorio de los acusados y las cuestiones previas. A partir del 9 de febrero está previsto que comience la prueba testifical, a la que acudirán más de un centenar de testigos.

Para el juicio, el Ayuntamiento de Madrid cambió el equipo jurídico con el objetivo de diferenciar la defensa de las personas físicas de las personas jurídicas dadas las distintas consecuencias para unas y otras. El Consistorio optó por cuatro letradas con «amplia experiencia en procesos colectivos y vinculados con la Administración».

Las sesiones del juicio se celebrarán los martes, miércoles y viernes de cada semana y se iniciará con las «cuestiones previas», por lo que se estima que el caso – 43 tomos y 14.800 folios – quede «visto para sentencia» la última semana del mes de mayo.

Respecto a las acusaciones, se personarán siete particulares y dos populares (Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid y el sindicato Manos Limpias). Pasarán por la sala de vistas más de un centenar de testigos entre familiares de las víctimas, testigos presenciales de los hechos, familiares y efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otros.