La Fiscalía pide archivar el caso Mercamadrid contra Dancausa y otros 15 investigados

Las actuaciones fueron abiertas contra el ex director general de Mercamadrid S.A. José Manuel Torrecilla Jiménez y contra las doce personas que en 2013 formaban parte del Consejo de Administración de dicha empresa. Es decir, Concepción Dancausa Treviño (presidenta), María Jesús Prieto Jiménez (vicepresidenta primera), María Dolores Fernández Cerdán (vicepresidenta segunda) y los vocales Manuel Beltrán Pereira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo del Amo Serrano, Pablo Manuel González González, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Enrique Núñez Guijarro, Silvia Llerena Muñoz, José Ignacio Ortega Cachón, Manuel Troitiño Pérez.

Además, contra el ex secretario general de Mercamadrid Fernando Gomar Sánchez y los que eran administrador y apoderado de la misma José Rodrigo Domínguez Losada y Juan María López Álvarez, respectivamente.

A finales de abril de 2017 fue la propia Fiscalía la que presentó una denuncia contra estas 16 personas, las mismas para las que ahora se solicita el archivo de la causa, por la presunta comisión de un delito de administración desleal , informa el Ministerio Público.

Entonces la Fiscalía entendía que los acuerdos de transacción y contratos de arrendamientos suscritos por Mecamadrid con la empresa Mercaocio 22 S.L. habían supuesto un «importante perjuicio patrimonial» para la primera, «a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio».

Todo ello era fruto de un acuerdo de transacción suscrito entre Mercamadrid con Mercaocio por el que se ponía fin a los litigios entre ambas entidades en el que la segunda empresa reconocía adeudar a la primera 698.397 euros en concepto de cánones superficiarios y gastos derivados del impago, y aceptaba la validez de los contratos de cesión de los derechos de superficie.

Ambas entidades se comprometían a celebrar en la misma fecha un contrato por el que Mercamadrid arrendase a Mercaocio las dos salas construidas sobre una parcela hasta el 28 de enero de 2032 sin posibilidad de desistimiento unilateral y por un precio de 9,5 euros por metro cuadrado mensual más IVA para los dos primeros años y de 10 euros por metro cuadrado más IVA a partir del día 1 de octubre de 2015.

Según el acuerdo se destinaba la deuda acumulada de Mercaocio con Mercamadrid antes referida a cubrir el pago de este precio por compensación, y solo cuando dicha deuda quedase saldada sería exigible a Mercamadrid que procediese al pago en efectivo del precio mensual del arrendamiento.

Sin embargo, de las diligencias practicadas, declaraciones de investigados y documental aportada, para la Fiscalía se infiere que Mercamadrid suscribió el contrato de arrendamiento con Mercaocio para subarrendar al mismo tiempo las salas a Mercasa en las mismas condiciones pactadas con el arrendador. Añade que se trataba en realidad de una operación «a tres bandas» que permitía poner fin a los litigios existentes entre Mercamadrid y Mecaocio, de modo que si el subarriendo se hubiese llevado a cabo, ningún perjuicio se habría producido.

El menoscabo patrimonial se ocasiona entonces por el hecho de que finalmente el subarrendamiento a Mercasa se frustra, en tanto que Mercamadrid sí ha asumido sus obligaciones como arrendatario frente a Mercaocio. Por tanto, existe en la causa documentación que apunta a que se trató en realidad de una negociación tripartita, siempre según la Fiscalía.

Agrega que en relación con el precio del metro cuadrado, de la documentación aportada a la causa se desprende que no hay motivo para considerar desorbitados los 9,5 o 10 euros por metro cuadrado. Asimismo, la veracidad de la negociación tripartita se infiere de los documentos recibidos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), remitida por Mercasa.

Están relacionados con la «solicitud de autorización para la firma de un contrato entre Mercamadrid y la Sociedad , cuyo objeto es el subarriendo a Mercasa de los locales 1 y 2 ubicados en la parcela I-1 del Polígono Alimentario de Mercamadrid, con el fin último de explotar dichas instalaciones».

Igualmente, tanto la Dirección de Planificación y Control de SEPI como la Dirección de Relaciones con la Unión Europea no formularon objeciones al proyecto presentado, apunta la Fiscalía.