Un brote de Covid de al menos 6 internos en el CIE de Aluche obliga a restringir todas las visitas

Desde las ONG Mundo en Movimiento y Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine elevan a 11 el número de infestados, en un escrito remitido al juzgado número 20 de Madrid. En el texto, fechado el 26 de agosto, se informa al órgano de control jurisdiccional del CIE del actual brote, por el cual los responsables del espacio han optado por aislar a los afectados en dos módulos distintos.

«Por lo que sabemos, llevan alrededor de 6 días aislados», aseguran, al tiempo que advierten de que las condiciones de higiene no se cumplen –a tenor de los testimonios recabados–, sin ropa para cambiarse, imposibilidad de ducharse diariamente y falta de alimentación debido a la pérdida del gusto y el olfato y a la sensación de malestar que les produce la enfermedad.

Por ello, desde las dos asociaciones sin ánimo de lucro, recuerdan al magistrado la queja interpuesta el pasado 8 de abril, en base al protocolo de lucha contra el patógeno que había decidido implantar el centro. Exponían entonces que «seguir internando a personas iba en contra de la salud pública, amén de la de los propios internos y trabajadores. El hecho de que la mayor parte de actividades desarrolladas en el recinto fueran grupales, el material metálico del mobiliario («donde más tiempo sobrevive el virus»), los aseos comunes en el salón de ocio, la rotación por turnos del personal que allí trabaja y la ventilación del CIE, con paneles metálicos «que limitan la entrada del aire y facilitan el depósito de partículas contaminadas», eran las razones esgrimidas.

Ahora, ponen el foco en las condiciones en las que se encuentran las personas confinadas, sin posibilidad (siempre según los denunciantes) de recibir visitas «ni de las personas voluntarias de las ONG, de Cruz Roja o de sus familiares». Este hecho podría estar provocando a los afectados episodios de ansiedad, sentimientos de soledad e incluso depresión. Los autores de la misiva añaden que el nuevo régimen impuesto afectaría también a las personas no contagiadas, con el consecuente perjuicio que ello les genera.

Respecto a la asistencia sanitaria, los firmantes de la queja inciden en que, tras mantener conversaciones telefónicas con varios de los aislados, estos les habrían transmitido que «no son debidamente tratados ni atendidos por parte del servicio médico», lo que agravaría su estado psicológico, necesitando algunos de medicación adicional para combatir su estado de ansiedad.

Solicitan, por tanto, «que se adopten medidas de aislamiento que no vulneren los derechos fundamentales», un registro de las peticiones de los internos aislados, el cumplimiento «de manera real y efectiva» del protocolo contra el Covid, que se haga valer el derecho a la asistencia sanitaria («que se entreguen todos los informes médicos respectivos a cada persona cuando sea necesario, así como su historia clínica y la comunicación respectiva con los familiares»), la derivación inmediata al hospital de aquellas personas contagiadas que puedan desarrollar síntomas graves o estén dentro de un grupo de población de riesgo, paralizar las deportaciones para evitar un contagio masivo en otros países, paralizar los internamientos («si no lo están ya»), valorar el riesgo de las nuevas entradas y comunicar a los Juzgados que han autorizado el internamiento «el hecho de que peligra el derecho a la salud de las personas encerradas».