El Ayuntamiento dice que el «multazo» era orientativo y recurrirá su anulación

Según explicó el coordinador general del Ayuntamiento, Fernando Autrán, a Europa Press, la sentencia del TSJM "no es firme, es recurrible en casación ante el Tribunal Superior (TS)". "Nosotros la vamos a recurrir y, mientras tanto, se suspende la eficacia de la sentencia y se seguirá aplicando el cuadro normalmente ", añadió en relación a la situación que se presenta hasta que el Alto Tribunal resuelva el recurso.

A continuación, Autrán justificó la decisión del Consistorio de prolongar el litigio en que el Ejecutivo local "discrepa del fallo porque la sentencia interpreta erróneamente el cuadro de sanciones, creyendo que determina el importe de las infracciones cuando no es así porque no se trata más que de un documento interno de gestión que necesitan los agentes de Policía Municipal y Movilidad para poder proponer en sus denuncias una sanción, siempre dentro de los márgenes de la Ley General de Tráfico".

Es decir, que esta tabla sirve para que los agentes tengan una referencia sobre los diferentes tramos existentes para sancionar, en los que se basan a la hora de proponer una multa pecuniaria "cuyo importe definitivo debe determinar el órgano instructor competente en el expediente sancionador en función de los hechos denunciados".

"Es lo mismo que ocurre con los guardias civiles de tráfico. Todos necesitan un cuadro de claves que asocia una determinada infracción con unos importes. Si no, ¿deberían hacerlo a ojo? No podrían multar", aseguró Autrán, subrayando asimismo que "este Cuadro de Claves de Infracción municipal es exactamente igual (en las cantidades que establece) que la Relación Codificada de Infracciones de la Dirección General de Tráfico (DGT)".

¿Y por qué ha acabado la tabla de sanciones del Consistorio en los tribunales? Porque, según el coordinador general de Movilidad de Madrid, el Ejecutivo local "la ha publicado en el Boletín del Ayuntamiento (BOAM) en aras de una mayor transparencia, y eso ha hecho al documento atacable".

"La única diferencia con la DGT es que ésta no publica el cuadro, porque es una instrucción del director general a los agentes, un documento interno. Nosotros no teníamos por qué publicarlo porque no forma parte de la normativa, no determina la multa. Pero lo publicamos por una mayor transparencia ", insistió Autrán.

Finalmente, recordó que el hecho de que este "documento interno" sea público también redunda en beneficio de la "garantía jurídica del sancionado" que "debe poder saber cuál es el hecho por el que se le denuncia y el importe provisional propuesto por el agente, para poder recurrir la multa si lo considera necesario, o para poder acogerse al pronto pago".