Almeida y sus ediles declararán en la comisión de investigación sobre el espionaje a Ayuso

Pero por delante todavía le queda una larga penitencia pública para recuperar la confianza dañada por la supuesta trama de espionaje urdida presuntamente por miembros del ayuntamiento. Tendrá que convencer, principalmente, a sus socios de gobierno, Ciudadanos, para garantizar la estabilidad lo que resta de mandato. «El que quiere seguir investigando soy yo. Los segundos más interesados en esclarecer la verdad somos nosotros, desde el PP, porque los primeros son los madrileños», manifestó.

En aras de favorecer la transparencia, el PP apoyó este martes en el pleno de Cibeles todas las iniciativas de la oposición que pretendían analizar si se encargaron o no trabajos a una empresa de investigadores privados desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para investigar al hermano de Isabel Díaz Ayuso . Entre ellas, se llevará a cabo «lo antes posible» una comisión de investigación específica para esclarecer los hechos. A falta de concretar la fecha, los tres ediles carmenistas de Recupera Madrid ya se han ofrecido a presidir las sesiones: «No puede hacerlo nadie del gobierno», arguyen.

«Voy a comparecer en la comisión de investigación. Si no lo pidiera la oposición, lo pedirá el PP. Como no tenemos nada que esconder de nuestra conducta o actuación, explicaremos todo lo que hemos hecho para saber lo que se ha producido», aseguró Almeida. Pero no hará falta que lo pida el PP, porque según indicaron a ABC fuentes del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Mixto ya le han incluido en la lista en la que también están algunos de sus concejales, asesores de prensa y responsables de la empresa pública implicada.

«Si se acredita alguna responsabilidad, se tomarán las decisiones consecuentes con lo que se haya acreditado», advirtió el regidor a quienes irán detrás de él en la comisión. De momento, la única dimisión que se ha cobrado el caso es la de Ángel Carromero.

Los tres ediles carmenistas y Más Madrid solicitarán también la presencia de la presidenta regional y de su hermano, Tomás Díaz Ayuso . Fue la propia líder del Ejecutivo autonómico quien hizo saber a Almeida el pasado otoño que desde el consistorio se había contactado con una empresa de detectives para fiscalizar los contratos de su hermano. Daniel Alcázar, propietario de la empresa Priviet Sportive S. L. a la que la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato durante los primeros meses de la pandemia por valor de 1,5 millones de euros para adquirir 250.000 mascarillas es otro de los protagonistas que recibirá el llamamiento del ayuntamiento para comparecer de forma voluntaria.

Apenas unas horas antes de que el alcalde garantizase que «todas aquellas personas que sean del PP van a comparecer», Ángel Carromero se dio de baja de sus cargos como presidente del Comité Electoral y del distrito de Chamartín del Partido Popular. Con ello se aparta de la política por completo, ya que el pasado jueves por la tarde ya dimitió como director general de la coordinación de la Alcaldía. Lo hizo después de que una información de El Confidencial no solo apuntara a que estaba detrás del presunto espionaje al hermano de Ayuso, sino que también habría investigado a las exparejas de la presidenta. Con esa primera renuncia evitó en una primera instancia tener que comparecer en una comisión de Portavocía convocada de urgencia este lunes. Y al abandonar el partido, también sortea así el mandato del regidor y la obligación de pasar por el escrutinio de la oposición en la comisión de investigación creada 'ad hoc'. Se aparta, dice, «para preservar a la institución y para poder defenderse mejor».

Julio Gutiez, el detective privado relacionado con el supuesto encargo para obtener información de Tomás Díaz Ayuso es otra de las comparecencias que solicitará la oposición. El investigador remitió unas declaraciones a El Confidencial Colombia donde afirmó que «hasta en 16 ocasiones» fue contactado por el «gerente de la EMVS o miembros de su equipo». Rechazó el encargo para, según afirmó, revisar las cuentas bancarias del hermano de Ayuso al considerarlo «ilegal».

Coinciden todos los grupos en que el concejal de Vivienda y presidente de la EMVS, Álvaro González, es otro de los implicados clave en la trama. Él, según su relato, fue el encargado de contactar con la empresa de detectives para «contrastar» las informaciones que apuntaban que se le había hecho un encargo desde la empresa municipal.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, es otro de los señalados por el Grupo Mixto, ya que, según las primeras versiones, acudió a la EMVS tras conocer el supuesto encargo para analizar todos los contratos de los últimos meses.

Recupera Madrid también quiere que dé explicaciones el jefe de servicios jurídicos y el jefe de prensa de la EMVS, así como el responsable de prensa de la Empresa Municipal de Transportes.