Llop se aferra a los votos discrepantes para desgastar la sentencia contra Griñán

El diputado del PP Carlos Rojas le preguntaba si indultarán al expresidente autonómico, con una pena de seis años de prisión, a pesar de que el programa electoral del PSOE proponía prohibir los indultos por corrupción y de que su código ético impide solicitar una medida de gracia a un compañero de partido. Una realidad que no ha impedido que socialistas históricos como Felipe González, Alfonso Guerra y José Luis Rodríguez Zapatero presionen por el perdón a Griñán.

«Me pide que me pronuncie anticipadamente sobre un caso del que no hemos incoado el expediente», ha contestado Llop, desvelando que el Gobierno aún no ha iniciado la tramitación del indulto. «Una sentencia que tiene dos votos discrepantes», ha añadido, y ha ironizado: «Pregunten: espejito, espejito mágico, ¿cuál es el partido en España que ha sido condenado por corrupción? ¡Aplíquese el cuento!».

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Rojas, también con sorna, ha afirmado que desconoce si se comenta en la calle o en el metro la sentencia —en alusión a las palabras de la ministra sobre las conversaciones que decía escuchar sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el transporte público-, pero ha aseverado que es «histórica». «Si el Gobierno no ve corrupción en los ERE, ¿cómo podemos estar tranquilos con el reparto de los fondos europeos?», se ha preguntado.

«Este Gobierno no es el de la Kitchen ni el de vamos a controlar al Supremo por la puerta de atrás», ha contestado la titular de Justicia, quien ha aprovechado, como cada semana, para reclamar al PP que cumpla la Constitución y acceda a renovar el CGPJ, que va para cuatro años con el mandato caducado.

El resto de la sesión, con menos decibelios de lo habitual pero idénticos argumentos, ha sido una sucesión de reproches al Gobierno, sobre todo por la crisis energética y la inflación, y de acusaciones a la oposición de pecar de catastrofismo. La más atareada de la mañana, con carga extra de trabajo por la ausencia del presidente Sánchez, ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño.

Ha tenido que responder a Jaime de Olano (PP) sobre la independencia de los organismos reguladores, a Iván Espinosa de los Monteros (Vox) sobre la situación económica de España, a Inés Arrimadas (Ciudadanos) sobre las medidas para que la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) no afecte a las hipotecas, y a Mireia Vehí (CUP) sobre cómo asegurará el derecho a la alimentación con la actual inflación.

Calviño, brusca en las formas, ha tachado de «vergüenza» la pregunta de De Olano, ha pedido a Espinosa de los Monteros que no haga «chistes», ha acusado a Arrimadas de querer «salir en la televisión» y se ha mostrado sorprendida por los términos utilizados por Vehí. Casi parecía regañar a la oposición por sus preguntas, porque no ha dado respuestas muy concretas más allá de reivindicar las medidas ya tomadas por el Gobierno, como rebajar el IVA del gas, o vender triunfalismo por «la moderación» de la inflación en agosto, situada en el 10,4 por ciento.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha protagonizado un particular cara a cara con la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Inés Cañizares. Ambas se han enzarzado a raíz de la reforma laboral, pero por los datos expuestos por una y por otra parecía que hablasen sobre distintas legislaciones. Una panacea para la primera, con una reducción de «cuatro puntos» en la tasa de temporalidad en apenas seis meses; una condena a la precariedad para la segunda, con un crecimiento en los despidos por no superar el periodo de prueba del «novecientos por ciento».

De nuevo, el PP y el Gobierno han chocado por la excepción ibérica y la política energética. El popular Guillermo Mariscal ha preguntado a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, si se adaptará a las medidas que se adopten en la Unión Europea. «Este Gobierno no solo respeta y trabaja, sino que contribuye en insistir en que desde Europa se dé respuesta a la crisis energética», ha repuesto la socialista.

Desde EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo ha cuestionado al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, por los «pequeños ajustes» que anunció en el cálculo de las pensiones. Escrivá, sin convencer a su interlocutor, le ha pedido que no atienda a «titulares interesados de periódicos de derechas». Poco más.

«Ere que ere», que no erre que erre, ha continuado el pleno con el popular Mario Garcés, con la coletilla «ere que ere», echándole en cara a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, las 42 subidas de tributos y cotizaciones sociales en lo que va de legislatura. Antes Calviño había lamentado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, compita con la madrileña Isabel Díaz Ayuso por lo que el Gobierno define como 'dumping' fiscal. Montero optó por retrotraerse al mandato de Mariano Rajoy y recordó que, en la anterior crisis económica, subió impuestos de «productos básicos».

Tras la manifestación en Barcelona en apoyo al español en la educación catalana, el debate lingüístico ha llegado a la sesión de control de este miércoles, donde la popular Sandra Moneo ha instado al Gobierno a aclarar qué amparo ofrece a los alumnos que quieren estudiar en castellano en Cataluña. El mismo que en el resto de comunidades bilingües, ha respondido la ministra de Educación, Pilar Alegría.

En su rifirrafe, la diputada del PP ha situado al Ejecutivo como «cómplice» del nacionalismo y la también portavoz del PSOE ha aprovechado para acordarse del líder de la oposición, sin asiento en la Cámara Baja: «Quieren volver a la Cataluña del 2017 y de paso arraigar un sentimiento anticatalanista para ganar votos en el resto de territorios. Nos estamos acostumbrando a que el señor Feijóo no quiera aparecer en la foto. No es lo que decían que era. Ese clamor es tan importante que ni con la lengua lo van a conseguir silenciar».