Los letrados judiciales se manifestarán el próximo jueves tras varias reuniones sin acuerdo con Justicia

Desde el comité de huelga expresan que «tras las infructuosas reuniones» celebradas durante estas últimas semanas, los representantes del Ministerio de Justicia les informaron que ahora las comunicaciones «deben producirse» vía «correo electrónico». Una decisión que para ellos demuestra «claramente la falta de voluntad de solucionar el conflicto».

«El ministerio no tiene ni prisa ni interés en resolver una situación que ellos mismos han provocado. Lejos de iniciar un diálogo constructivo se dedica a atribuirnos reclamaciones que nunca hemos realizado», advierten los letrados judiciales, quienes aseguran que «nunca» han reclamado «1.100 euros de subida».

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Los LAJ explican que se atienen «al compromiso de abril de 2022» y reclaman «un porcentaje del 85% del sueldo del juez o magistrado». «Si el ministerio ha realizado ese cálculo, suponiendo que fuera verdad, se demuestra lo alejadas que están nuestras retribuciones del sueldo de jueces y magistrados, por lo menos un 40% en concepto de complementos», insisten. «No les importa la situación de la Justicia y, en vez de negociar, solo pretenden intoxicar».

Por este motivo han formulado a la delegación del Gobierno de Madrid una autorización de manifestación para el próximo 9 de marzo. «Esperamos que sea masiva y deje bien claro a los responsables ministeriales, a la ministra y al Gobierno que deben atender a nuestras justas reclamaciones y resolver una situación que, con su prepotencia e intransigencia, ellos mismos han causado», concluye el comité de huelga.

Los efectos de la huelga de los letrados judiciales sobre el funcionamiento de la Justicia son cada día son mayores y se estima que ya se han producido 232.000 suspensiones de juicios y vistas. Concretamente, no se han celebrado 100.000 procedimientos civiles, 10.000 contenciosos, 2.600 de carácter mercantil, 51.000 sociales y 67.000 penales.

Además, según los datos del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia de España (CNLAJ), 344.000 demandas siguen pendientes de registrar y 832 millones de euros están bloqueados sin poder repartirse. Ese dinero sirve para abonar desde indemnizaciones o pensiones de alimentos hasta multas o depósitos.