El juez del caso Villarejo archiva la querella de Iberdrola contra Del Olmo
El magistrado rechaza brindar a este testigo clave la protección que ofrece la directiva europea sobre denunciantes de corrupción
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga los presuntos encargos del comisario Villarejo por parte de Iberdrola, ha acordado el archivo de la querella presentada por la eléctrica contra José Antonio del Olmo, exdirectivo de la compañía que acabó convirtiéndose en el principal testigo de cargo contra la eléctrica.
Entiende el magistrado que los hechos relatados en la denuncia presentada en Bilbao- y que después se acumularon a la pieza número 17 del caso Villarejo- estarían prescritos y que, en cualquier caso, no se puede atribuir un delito de revelación de secretos a quien «lleva a cabo la acción de denunciar» y «descubre hechos con apariencia delictiva» ante un juzgado.
No obstante, el magistrado rechaza brindarle la protección que ofrece la directiva europea sobre denunciantes de corrupción tal y como había solicitado Del Olmo ante el «acoso» que asegura venía sufriendo por parte de Iberdrola. Entiende García Castellón que ésta no se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español y no ha sido todavía aprobada ni publicada en el Boletín Oficial del Estado, «por lo que no existe norma interna en vigor sobre la materia«.
De esta manera, el magistrado argumenta que no le puede dar la protección en base a esa directiva, aunque sí la tiene en cuenta para rechazar la ampliación de la querella que presentó Iberdrola contra el exdirectivo por los delitos de revelación de secretos y revelación de datos reservados de persona jurídica. «Es improcedente, al resultar atípicas las infracciones denunciadas sobre la base de una interpretación conforme a la directiva de la Unión Europea«.
Estrategia de «autoprotección»
Del Olmo acudió en 2004 a un notario para guardar una serie de facturas de Iberdrola que según afirma, le impusieron validar pese a que sospechaba que escondían irregularidades. Esa documentación se ha convertido en clave, según los investigadores, en relación a los encargos de Iberdrola a Villarejo. La compañía le acusaba de sustraerla y falsificarla. «Los documentos depositados notarialmente por el Sr. Del Olmo en el año 2004 se refieren a la contratación y pago a la mercantil Cenyt por los trabajos contratados con la misma», argumenta el juez en el auto conocido hoy. «Su depósito ante notario quedaba muy lejos de causar un mal comercial o atentar contra la libre competencia de Iberdrola o cualquiera de sus compañías, sino que fue una estrategia de autoprotección«, prosigue. Así, el magistrado concluye que el depósito de dichos documentos »no afectan al secreto de empresa«.
Tras analizar las declaraciones prestadas así como los indicios presentados,-insiste García Castellón- «no advierte una voluntad de atentar contra la intimidad de la persona jurídica Iberdrola SA». Entiende que del Olmo «actuó guiado con el propósito de adoptar una medida de «autoprotección» ante la sospecha de irregularidades en determinados negocios». Una sospecha que para el juez instructor está «fundada en un juicio personal que le distancia de la voluntad de atentar contra la intimidad».
En lo que respecta a la publicación en un medio de comunicación de los hechos de la denuncia «no se puede inferir»-dice el magistrado- que fuese del Olmo quien revelara esta información. «En este caso, la imputación choca frontalmente con la confidencialidad de las fuentes de información periodística«.
Procedimientos abiertos
En un escrito fechado el pasado mes de febrero, la defensa de Del Olmo aseguraba que Iberdrola S.A. estaba tomando «represalias» por su colaboración con la justicia. Además de la querella presentada en Bilbao que después se acumuló en la Audiencia Nacional y que ahora el juez archiva, quedan abiertos otros cuatro procedimientos por parte de la eléctrica contra Del Olmo: Una querella por revelación de secretos en Madrid, una demanda en lo mercantil por revelar secretos empresariales, una demanda para solicitar la nulidad del acta notarial que alzó y un acto de conciliación para reclamarle más de medio millón de euros en bonos recibidos a lo largo de su carrera en la compañía.
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