La juez del caso Mediador traba los bienes del general mientras investiga amaños en contratos públicos

La resolución, a la que tuvo acceso ABC, impone la prohibición de disponer de una batería de inmuebles del general «teniendo en cuenta los tipos delictivos por los que avanza la investigación», entre los que figura el de grupo criminal, y que «prevén penas que implican una responsabilidad pecuniaria». Se trata así de garantizar hipotéticas responsabilidades civiles.

«Todo ello -dice la juez- sin olvidar que nos encontramos en un procedimiento que continua en fase de instrucción, con la práctica de diligencias y nuevas líneas de investigación dirigidas a detectar posibles irregularidades penalmente reprochables en el ámbito de la contratación pública».

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Conforme razona, los delitos objeto de la investigación «aconsejan la medida cautelar solicitada» para «evitar la enajenación y cualquier otra operación de los bienes inmuebles» titularidad del general.

Recuerda que sobre él continúa aún pendiente «recabar y analizar mayor documentación para ultimar su investigación patrimonial», acordada por el juzgado y por la que se libró orden europea de investigación a Bélgica, donde tenía cuenta bancaria y a la Oficina de Recuperación de Activos (ORGA) por si constasen propiedades en el extranjero.

De este modo, la juez resuelve la petición trasladada por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil y que ha contado con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. Solicitaban que se librase oficio a los diferentes Registros de la Propiedad para la anotación preventiva de prohibición de disponer de los inmuebles.

Se trata en concreto dos viviendas urbanas, una en Puerto Umbría (Huelva) y otra en Sevilla. Y un trastero y aparcamiento también ubicados en la capital andaluza y cuya titularidad corresponde al 100% al general de División retirado Francisco Espinosa Navas.

El objetivo, evitar la enajenación o cualquier otra operación respecto de los bienes inmuebles que posee. Teniendo además en cuenta, según destaca el auto, que existen indicios de que Espinosa Navas podría ser titular de diversas propiedades y/o activos, radicadas en territorio nacional e internacional.

Esta medida se adopta mientras la Guardia Civil, con la ayuda de peritos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), analiza cuatro contratos por valor de 263.000 euros pagados con fondos europeos que la Fiiapp habría adjudicado a un empresario investigado también en el caso Mediador cuando el general Espinosa estaba al frente de proyecto GAR-SI Sahel.

Francisco Espinosa es el único de la decena de investigados del caso Mediador que se encuentra privado de libertad desde que fuera detenido el pasado 14 de febrero. Entonces la jueza acordó su ingreso en prisión provisional para «garantizar el acceso a determinados medios de prueba que podían verse perjudicados». Es el mismo criterio que mantuvo la instructora cuando rechazó el recurso que presentó su defensa en contra de la medida, sólo dos semanas después.

En paralelo, la juez ha comenzado a tramitar la solicitud de acceso a la causa de varias acusaciones populares, entre las que se encuentran el Partido Popular de Canarias y Vox. Esta formación había presentado además una petición para revisar la situación del exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, a fin de instar prisión provisional.

La instructora ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie al respecto, una vez haya informado sobre la personación. En tanto no se autorice formalmente el acceso a la causa de las entidades que lo han solicitado. Hasta entonces, no gozan de legitimación.