El juez desvincula del caso Villarejo las presuntas coacciones al abogado de Bárcenas

En una resolución a la que tuvo acceso ABC, pone así punto y final a esta línea separada que acabó bautizada como 'Kitchen jurídica' y que arrancó cuando ese juzgado marbellí encontró en una entrada y registro unos audios que habían sido remitidos al correo electrónico de Gómez de Liaño. La conversación apuntaba a la existencia de «un encargo realizado por terceras personas vinculadas al PP a fin de conseguir, mediante presiones» a Bárcenas y su letrado en Gürtel, «que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el partido».

Se abrió entonces -y con orden de la Sala de lo Penal mediante- esta pieza separada en la que se identificó al abogado José Luis Moreno, su exclienta Mónica Gil y el empresario Juan Ramón Díaz como los protagonistas de aquella conversación, así como se aisló que la persona en cuya casa se encontraron los correos en Málaga, Halit Sahitaj, aparecía referido en las agendas de Villarejo como fuente de una información sobre Gómez de Liaño -unos supuestos pagos en negro- y conocedor de la existencia de esos audios.

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El juez citó a declarar como investigados a Martínez y a Villarejo, así como al que fue director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino; y a los abogados José Aliste y Oscar Jiménez Rubia, «desentendiéndose todos ellos -dice el auto- del correo electrónico remitido al despacho profesional del letrado Javier Gómez de Liaño», sin que consten indicios que apunten a su participación, de ahí que archive la causa para todos ellos. En el caso de Martínez, además, la defensa que ejercía Juan Antonio Frago lo había pedido.

Recuerda que igualmente comparecieron pero como testigos el abogado Javier Iglesias y la que fue secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que se manifestaron ajenos a ese asunto.

Para el juez, «de todas las actuaciones practicadas no cabe apreciar indicios de la conexión» de estos hechos con el espionaje a Luis Bárcenas que se investiga en el caso Kitchen, la séptima pieza del caso, y por la que está pendiente de juicio la cúpula de Interior del último gobierno de Mariano Rajoy.

«No consta que los investigados Francisco Martínez, Eugenio Pino y José Manuel Villarejo hubieran participado en ninguna actuación coincidente en el tiempo con los hechos propios de la pieza separada número 7 dirigida a perturbar o condicionar la actuación profesional de Javier Gómez de Liaño en su condición de letrado de Luis Bárcenas», señala.

No obstante, «sí se ha puesto de manifiesto, cuando menos de manera indiciaria» es que Villarejo hizo gestiones «con objeto de obtener información sobre supuestos pagos» que habría recibido Gómez de Liaño del que fue su cliente, el capo de la mafia georgiana Zakhar Kalashov, «y de las que habría podido dar cuenta a sus superiores en el Ministerio del Interior, los investigados Eugenio Pino y Francisco Martínez».

Sin embargo, el juez, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, considera que «no constan indicios de la comisión de delito en la ejecución de tales actuaciones y no consta siquiera que las mismas estuvieran conectadas o vinculadas con el papel que Javier Gómez de Liaño desempeñaba como letrado de Luis Bárcenas».

Saca por tanto este asunto del caso Villarejo porque entiende que ha perdido la conexión con el resto de la causa, aunque hay una parte que en su opinión, debe seguir viva y es la conversación en sí, en la que se hablaba no sólo de los presuntos pagos a Gómez de Liaño sino de la posibilidad de utilizarlos en su contra para incoar una investigación por delito fiscal y blanqueo de capitales, y que le fue enviada por correo electrónico, tal y como él mismo constataría ante el juez.

«Se entiende que dichos hechos pudieran ser constitutivos prime facie de un delito de coacciones o un delito de obstrucción a la Justicia que debe ser investigado por el órgano competente, esto es, por el Juzgado de Instrucción 2 de Marbella (Málaga) por haberse cometido allí el delito y ser además el primero que conoció de la causa», dice la resolución. Envía allí esta parte de las actuaciones porque la Audiencia Nacional no es competente para investigar por ese ilícito a Díaz Moro, Moreno Cela, Gil Manzano y Halit Sahitaj.