El juez del CNI informó en dos ocasiones al CGPJ de las presiones del Parlament

La primera razón para no hacerlo era porque el artículo 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial le exime de hacerlo; la segunda, porque la propia ley 2/2002 reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia le obliga a guardar secreto; y la tercera porque no es miembro de aquella administración autonómica y no está vinculado por el Estatuto de Cataluña.

Noticia Relacionada

El presidente alienta el 'lawfare' por el bloqueo del CGPJ provocado por los dos grandes partidos

Gregoria Caro

La semana pasada ya aludió a la Kitchen al ser preguntado sobre si hay guerra sucia judicial

La Comisión Permanente se dio por enterada de ambos escritos en sus reuniones del 22 de febrero y el 16 de marzo. En ambos acuerdos, a los que ha tenido acceso ABC, la Comisión Permanente acuerda "tomar conocimiento de la dación de cuenta del Servicio Central de Secretaría General relativa a la comunicación remitida (...) en relación con el requerimiento de la vicepresidenta primera del Parlamento de Cataluña para comparecencia en la comisión de investigación sobre el espionaje de representantes políticos, activistas y sus familiares por parte del Reino de España con los programas Pegasus y Candiru".

Junto a estas comunicaciones el magistrado no pidió amparo a pesar del llamativo gesto con el que el Parlament le hizo el segundo requerimiento: incluyó una fotocopia del artículo 502 del Código Penal (desobediencia).

Como adelantó El Mundo, el primero de los requerimientos del Parlament le instaba a asistir el 3 de marzo a la Comisión de Investigación del Parlament. El requerimiento recogía: «Le informo que, de acuerdo con lo que establece la legislación vigente, puede comparecer asistido por la persona que designe y que, si no comparece, puede incurrir en responsabilidad penal, en los términos que establecen los artículos 68.3 del Reglamento del Parlamento y 502 del Código Penal», esto es, un delito de desobediencia.

Lucas respondió a dicho requerimiento afirmando que «con el mayor de los respetos al Parlamento de Cataluña pongo en su conocimiento a fin de que se lo traslade a esa Comisión que, conforme al artículo 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no atenderé dicho requerimiento. Y, también según ese precepto, he de indicarle que en ningún caso podría informar sobre mis actuaciones como magistrado del Tribunal Supremo encargado del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia ya que el artículo único de la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, me obliga a guardar secreto sobre ellas»

A pesar de la negativa, el Parlament envió un nuevo requerimiento, esta vez para el 14 de marzo. En este caso, se le indicó que su comparecencia «debía ser un acto de lealtad y respeto institucionales». Además, desde el Parlament afirmaron que la Comisión sobre Pegasus no sólo trata un asunto de relevancia pública» sino también «sobre competencias de la propia Generalitat» y volvieron a advertir al magistrado sobre la posibilidad de incurrir en un delito de desobediencia. Nuevamente, Lucas volvió a rechazar el requerimiento con los mismos argumentos que la respuesta anterior.