El presidente alienta el 'lawfare' por el bloqueo del CGPJ provocado por los dos grandes partidos

«En España no hay un problema de separación de poderes, sino de que el principal partido de la oposición tiene de rehén, preso y capturado al Poder Judicial», dijo el presidente preguntado por el debate en la UE sobre el Estado de derecho en España. «Las consecuencias son terribles y los ciudadanos ven cómo se deteriora la Justicia. Esto es un caso paradigmático del 'lawfare', de politización de la Justicia. Cinco años de Gobierno presidido por el malvado Sánchez, cinco años de bloqueo. No hace falta hacer un croquis», ironizó.

Sánchez no atacó directamente a los jueces para alimentar la sombra del 'lawfare', como sí hacen sus socios, sabedor de que puede provocar otra crisis institucional. De hecho, en su pacto de investidura con Junts, los socialistas recogían dicho término y esto provocó un profundo malestar en asociaciones de jueces y fiscales, los vocales conservadores del CGPJ y distintos organismos judiciales y jurídicos, que emitieron una cascada de comunicados críticos.

Pero el ejemplo al que apeló ayer Sánchez es un subterfugio retórico para darle al independentismo lo que quiere escuchar sin provocar más tensión señalando de lleno a los jueces y de paso cargar contra el PP. De igual forma que hizo la semana pasada, cuando aludió al caso Kitchen -una presunta trama de corrupción política y policial, pero en ningún caso judicial- al ser preguntado por el mismo asunto.

El 'lawfare' es el término anglosajón que hace referencia a la guerra sucia judicial, a la instrumentalización de la Justicia a través de la política y al acoso judicial contra un oponente político. Pero el CGPJ no es un órgano jurisdiccional, esto es, no puede investigar, juzgar ni condenar, sino que sus funciones son de naturaleza administrativa-gubernativa y de régimen interno. Entre ellas, el nombramiento de magistrados del Supremo y presidentes de los tribunales superiores, audiencias provinciales y salas de la Audiencia Nacional, facultad que le fue suspendida hace más de un año y medio por una reforma impulsada por el Gobierno aplicable mientras esté en funciones.

Además, tampoco encaja en los parámetros de 'lawfare' el ejemplo de la Kitchen que también citó Sánchez, ya que esa supuesta maniobra se habría orquestado desde el Ministerio del Interior, tal y como ha concluido la investigación en la Audiencia Nacional, para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas y escondérsela así al juez que investigaba la Gürtel. Están ya procesados el exministro Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez -ambos del PP-, y media docena de comisarios.

En la proposición de ley de amnistía del PSOE, cuya toma en consideración probablemente se debata en el Congreso la semana que viene, no está reflejado el 'lawfare', pues no es un concepto jurídico dentro del ordenamiento español y, sin embargo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, dijo que no hacía falta porque estaba planteado de forma implícita al especificarse que se beneficiará «toda la gente perseguida por la cúpula judicial desbocada».

Ayer mismo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, defendió como Sánchez que el bloqueo del CGPJ podía interpretarse como 'lawfare', pero señaló que hay ejemplos «mucho más claros» como el caso Alsasua: «Si esos chavales hubieran sido de Cádiz, no habrían entrado en la cárcel». Se refiere a los ocho jóvenes condenados a entre 8 y 9 años y medio de cárcel por una agresión en 2016 a dos guardias civiles en esta localidad navarra.