Análisis
El choque continuo con la europea
El juez del caso Koldo ha propuesto una decisión salomónica para mantener las riendas de la causa
Brisas de cambio en la eterna espera del CGPJ (27/05/2024)
Cuando la Fiscalía Europea puso por escrito que asumía la competencia sobre el caso Koldo, ardían los teléfonos. Que su gabinete de prensa esté en Luxemburgo no ayuda, pero llegó el mensaje y era unívoco: 'la Europea no pide, la Europea decide'. Mencionaban aquellos días ... un artículo de su Reglamento según el cual, un instructor español nada puede hacer cuando se avocan un asunto. Tiene que entregar las riendas de la causa sin dilación y luego, si lo estima conveniente, pedir al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre la competencia. No cabe recurso. Pero la práctica ha evidenciado que no era así. O al menos, no tan así. Ese reglamento, como explicaba en conversación con ABC la catedrática de Procesal Lorena Bachmaier -pocas voces tan autorizadas como la suya en este tema- no está diseñado para la singularidad de España y el otro par de países de la UE donde quienes instruyen son los jueces. Lo que contempla versa sobre el reparto entre Fiscalía Europea y Fiscalía nacional e impone que Luxemburgo tenga la última palabra. La versión española de esta previsión es que la Fiscalía General del Estado decida quién se lo queda, lo que no deja de ser «un contrasentido», diría Bachmaier, porque la Europea nació para garantizar la independencia, precisamente, respecto de posibles intereses nacionales y al fiscal general lo designan los gobiernos. Otra singularidad patria.
Pero de juez instructor, el reglamento nada dice, así que la solución ha sido que el Tribunal Supremo resuelva la discrepancia «como si de un conflicto ordinario entre dos juzgados se tratara», en palabras de la catedrática. La principal consecuencia es que se paran máquinas en la instrucción hasta que se decida quién la asume, como cuando Algeciras y los Centrales se pasan causas de narcotráfico.
En este caso, el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha tomado una decisión un tanto salomónica, inspirada en el criterio que antes había expresado Anticorrupción. No entrega las riendas de la causa, tampoco las llaves de la prueba, que se queda en la Audiencia Nacional, pero sí una copia del sumario por si quieren ir poniéndose al día mientras el Supremo decide. Y lo que propone al tribunal no es un «ellos o yo», es un reparto: que la Europea se quede con lo que parezca malversación de fondos comunitarios y en el Central 2 se investigue todo lo demás. La letra pequeña es sencilla. Ni el fiscal en sus diligencias previas ni luego el juez han detectado que se diera ese delito. Hay un párrafo clarificador en el escrito de Anticorrupción: «No se ha detectado un uso fraudulento de los fondos empleados en la adquisición de mascarillas». Que aquí la clave es por qué se compraron a una empresa y no a otra y a cambio de qué. No que nadie metiese el dinero en la caja, al fin y al cabo. El recado que lanzan a la Europea es claro: si cree que hay un delito que es de su competencia que lo investigue, pero que deje el resto (organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo...) donde está desde 2023. Que los equipos son mayores y están ya engrasados y ellos van a tener que empezar casi desde el principio, en definitiva. Pero la decisión tendrá que adoptarla el Supremo y no es tan sencilla.
La resolución del Supremo en este caso marcará la pauta para futuros conflictos de competencias con la Audiencia Nacional
Es el primer choque de este tipo con la Audiencia Nacional y tiene muchas más aristas que cuando un juzgado de Getafe (Madrid) discutió con la Fiscalía Europea porque quería entregarles una causa y no la aceptaban. En el caso Koldo hay delitos contra la Hacienda Pública española que la Europea tiene específicamente vetado investigar, por lo que tendrían que seguir en el juzgado Central de Instrucción, viajar a Plaza de Castilla o servir de ancla para que el magistrado acuda a la Justicia Europea para clarificar los límites. Pero además, hay un diputado, el exministro José Luis Ábalos, salpicado por todo el sumario. Si llegara a ser imputado, tendría que asumir el Supremo lo que a él respecta. ¿Otra partición de la causa?
Lo que diga la Sala Segunda del Supremo será especialmente relevante porque su respuesta a todas estas aristas resolverá este primer gran choque con la Audiencia Nacional que nadie espera que sea el último.