La debilidad del Gobierno sume al Congreso en un absoluto caos

El proyecto de ley para establecer un impuesto mínimo a las multinacionales y a las grandes corporaciones se debatió por fin este lunes en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, reunida en la sala Cánovas desde las cinco de la tarde. A medianoche, todavía no se había votado porque el Gobierno seguía negociando y tratando de asegurarse que el dictamen no decaía ya en esa misma sesión. La norma nace por la trasposición de una directiva europea de obligado cumplimiento y habría tenido la luz verde del Pleno con toda seguridad de no ser porque el PSOE, que vio una oportunidad ante sí, trató de colar en ella vía enmiendas una reforma fiscal de calado.

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Bruno Pérez

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Los socialistas pactaron con Junts y el PNV prorrogar el impuesto a la banca -aprobado en su día en respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania- en los ejercicios de 2024, 2025 y 2026. Pero, al mismo tiempo, accedieron a dejar caer el gravamen a las energéticas. Esto soliviantó a Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, con vocación de hacer ambos permanentes, e inauguró un serial digno de Netflix dividido en tres capítulos. El primero, el lunes de la semana pasada, cuando se aplazó la Comisión de Hacienda y los dos partidos que gobiernan en coalición anunciaron un nuevo pacto fiscal con medidas, a su vez, que inquietaron a Junts y PNV. El segundo, el jueves, cuando se volvió a posponer, por segunda vez consecutiva, la sesión del órgano.

Pero el tercero, la traca ¿final?, llegó este lunes con una jornada de nervios, negociaciones de última hora, mensajes cruzados y llamadas de teléfono entre carreras. De la sala Cánovas al patio del Congreso, de este a los despachos de los grupos parlamentarios y vuelta a empezar. A las cuatro y media de la tarde ni siquiera estaba claro si iba a dar comienzo la sesión o se suspendería por tercera vez seguida. El debate empezó, al fin, a las cinco de la tarde, mientras diputados del PSOE y Sumar conversaban con poco disimulo, dentro y fuera de la comisión, con el representante de Junts, Josep Maria Cervera. Los tres partidos, antes de la votación, llegaron con seis enmiendas transaccionales debajo del brazo -la última solo firmada por las formaciones del Ejecutivo- de las que se rechazaron dos. Una de ellas, la prórroga del impuesto a la banca.

El lío ya estaba formado porque Pilar Vallugera, de ERC, había advertido en la discusión que su partido no iba a apoyar el texto si se aceptaba alguna enmienda aparte de la del PNV que corrige el fraude del IVA en los hidrocarburos y de la que recupera el decreto de Cristóbal Montoro (PP), que permite una recaudación significativa vía sociedades, pero que fue tumbado por el Tribunal Constitucional por una cuestión formal.

Votadas las transaccionales, se desató la bronca al anunciar el presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler, que las parciales que servían de base para la transacción debían volver a verse individualmente. Tuvo que intervenir el letrado, Manuel Fernández-Fontecha, poco sospechoso de comprar las tesis del Gobierno, para darle la razón y aplacar los ánimos.

Una a una, se votaron las enmiendas parciales hasta que a las ocho y media de la tarde Soler anunció un receso de «unos minutos» antes de votar el dictamen. Si decaía, la ley se tumbaba. Si se aprobaba, pasaba a discutirse en el pleno del jueves. Los «minutos» se convirtieron en un parón de más de una hora hasta que cerca de las diez de la noche, Soler regresó para anunciar a sus señorías que se suspendía la sesión hasta las 23.00. Más negociación y gritos de indignación. «¡Qué vergüenza! ¿Dónde está la conciliación?», clamaban diputadas del PP.

Dos minutos antes de las once, esa hora a la que se iba a votar el texto final para ver si se elevaba al pleno o no, ERC, Bildu y BNG cedían al anunciar un acuerdo 'in extremis' con el Gobierno. Aceptaban apoyar el dictamen de la norma y la enmienda del PSOE para prorrogar el impuesto a la banca en la sesión plenaria del jueves a cambio de que el Ejecutivo apruebe un real decreto ley para prorrogar el gravamen a las energéticas todo el 2025. Esto, de facto, es un brindis al sol. Y es que fuentes de Junts y del PNV ya avisan que no están por la labor de votar a favor de su convalidación cuando llegue al Congreso.

A las 0.47 se aprobó el dictamen por veinte votos a favor y diecisiete en contra, con la oposición denunciando «falta de respeto» y «la degradación de la institución». Se calibraba hasta ese momento el grado de enfado de Junts, con quien el PSOE se había comprometido a dejar caer el impuesto a las energéticas. El Ministerio de Hacienda envió un comunicado de madrugada reafirmando su pacto con Junts a pesar del acuerdo en sentido contrario con ERC, Bildu y BNG.