El Gobierno presenta y retira en 24 horas un recurso contra la acogida de menores

Ha pasado una semana desde que el Supremo falló en favor del Ejecutivo canario y acordó como medida cautelar que el Gobierno se hiciera cargo «en el plazo improrrogable de diez días» de los más de mil menores que, a pesar de ser solicitantes de protección internacional, continúan bajo la tutela de el Ejecutivo insular. En el auto, la Sala reconocía lo que Fernando Clavijo lleva denunciando desde hace un año, que las islas «están supliendo indebidamente al sistema de protección internacional» que es una competencia exclusiva del Estado.

A la espera de que el Gobierno diera una respuesta concisa a lo largo de la semana y a contrarreloj, los tres ministerios implicados, Migraciones, Política Territorial y Juventud e Infancia, insistían en que cumplirían con la medida cautelar, pero sosteniendo en todo momento que la condición de menor sin referente familiar prevalece por encima de la de solicitante asilo, ahondando en el lío competencial entre administraciones que el TS resolvió señalando al Gobierno como responsable.

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Según fuentes del Ejecutivo, derivar a esos menores a centros de tutela estatal contravendría «el interés superior del menor». Sin embargo, conscientes de que la situación de hacinamiento que padecen es urgente y de que el tiempo para notificar al Supremo las medidas que se acordarán para la acogida de estos mil niños se agota, este jueves el ministro de Política Territorial, también en calidad de presidente de la comisión interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, mantuvo una reunión con Clavijo en Santa Cruz de Tenerife en la que ambas administraciones dieron el brazo a torcer.

El Gobierno se comprometía a hacerse cargo de un millar de menores y llevar el fallo a la práctica pero ve «imposible» que estos niños «pasen como sacos de un lado a otro» por ello adelantó que trabajaría de forma coordinada con la consejería de Derechos Sociales canaria, tal y como pedía el Supremo.

Por todo esto, la noticia de que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, había recurrido la medida cautelar sorprendió este viernes teniendo en cuenta el espíritu de lo acordado el día anterior y el ánimo de entendimiento que expresaron tanto Clavijo como Torres. En ese recurso, tal y como adelantó 'El País', el Gobierno continuaba alegando que la tutela de menas queda fuera de sus competencias y que deben estar a cargo de la comunidad autónoma. Tanto el titular de Política Territorial, desde el puerto de la Restinga, como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, desde Barcelona, confirmaron rápidamente que el recurso, con veinticuatro horas de vida, se retiraba debido a la reunión «productiva» que se había mantenido con Clavijo.

Lo cierto es que fuentes conocedoras de la negociación entre Gobierno y Canarias aseguraron a ABC que el recurso se había interpuesto antes si quiera de pisar la mesa de negociación y con esa baza trasladaron al presidente insular que el recurso se iba a retirar, usando este procedimiento de la Abogacía del Estado como resorte para cerrar un acuerdo que permita cumplir el fallo del Supremo, pero haciendo hincapié en que este proceso será «lento» y se estudiará «caso a caso» sin anuncios de un traslado inmediato de menores y con la «necesaria» colaboración del Gobierno canario. Torres negó en declaraciones a los medios que se tratara de un movimiento calculado, sino de un procedimiento «rutinario» de la Abogacía del Estado.