El Gobierno no ejecuta la repatriación de la mitad de los inmigrantes internados en un CIE

Estos son sólo algunos de los testimonios recogidos por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en su informe anual sobre Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que reflejan la difícil realidad de las personas que acaban detenidas durante casi 60 días a la espera de una orden que, en la mitad de los casos, nunca llega. Así lo recoge esta nueva memoria de 2024 que denuncia cómo de las casi dos mil personas que estuvieron dos meses internadas en un CIE, apenas la mitad fueron repatriadas, en lo que supone «una inútil privación de libertad que ha supuesto un enorme coste económico, social y sobre todo humano». «El SJM constata que el internamiento en CIE siempre es lesivo para la persona», señala.

La organización católica ha presentado este lunes en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados este informe titulado, 'Raíces tras los muros' en el que denuncia el uso «arbitrario e indebido» que se le da a este tipo de centros. La propia ley de Extranjería señala que estas instalaciones no son de carácter penitenciario, si no más bien de carácter «excepcional» previo a ejecutarse una orden de repatriación. Sin embargo, tal y como se desprende del informe, los datos ponen en entredicho esa supuesta «excepcionalidad», pues los CIE son utilizados «de manera permanente y continua, su funcionamiento no constituye una excepción y se observa una falta de mecanismos de control que garanticen su transparencia» .

Durante el año 2024, se observó que entre las causas de internamiento sigue habiendo un predominio de razones administrativas, especialmente vinculadas a situaciones de irregularidad documental. Un 70,8% de las personas fue internada por mera estancia irregular en territorio y un 10,14% por entrada irregular por vía marítima.

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Así, el coordinador del programa CIE del SJM, Iván Lendrino, revindicó «más transparencia por parte de la administración» sobre los procedimientos, pues en los últimos años la organización ha litigado con el Ministerio del Interior para que ofrezca una memoria anual sobre los perfiles de los internos o los procedimientos que se llevan a cabo para determinar si deben ser internados. «Estos datos los recogemos nosotros», ha asegurado Lendrino, quien ha explicado además que el patrón que más se repite entre estos inmigrantes es que son personas que llevan ya tiempo en España, «entre 1 y 7 años», tratando de llevar a cabo «proyectos para formarse».

Personas cuya trayectoria de arraigo se ve gravemente afectada, aseguran en SJM, por una estancia traumática que dista del discurso que se mantiene desde el Gobierno de llevar a cabo políticas públicas que promueven desplazamientos seguros, acogida e inclusión, y se acerca más a «medidas que refuerzan el control policial sobre las personas inmigrantes», señalan. De ahí el nombre del informe de este año, «son personas que han echado raíces en España, pero que ahora están detrás de esos muros», ha explicado María Rodríguez Molina, directora de Pueblos Unidos.

«Los CIE son un ejemplo paradigmático de lo que es un entorno torturante, por la acumulación sistemática de vulneraciones y vejaciones», ha denunciado Jorge del Cura del centro de Documentación contra la Tortura. «A los internos se les llama por un número, no por su nombre. No se les permite usar apenas el teléfono, lo que dificulta que estén contacto con sus familiares o su defensa. Son personas con dificultad para el lenguaje y no se les provee con un intérprete. Los protocolos dentro de los centros no están homogeneizados y los inmigrantes están sujetos a la arbitrariedad. En los CIE no existen aún unas normas de sanidad o un protocolo frente a quejas de malos tratos», relata Del Cura.

La memoria anual concluye con una serie de propuestas dirigidas al Ministerio del Interior para que considere «revisar la pertenencia y papel de los CIE como herramientas en la política migratoria, superando el modelo de custodia policial e incorporando la mirada de acompañamiento social».