La Junta de Castilla y León acusa al Gobierno de «mentir» en su requerimiento sobre el protocolo para embarazadas

La Junta de Castilla y León «no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios», ha respondido también vía Twitter Fernández Mañueco, en un comentario en el que acusa al Ejecutivo de Sánchez de «mentir» y hacerlo para «tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del 'Solo sí es sí' que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales».

Tacha de «intolerable» lo que considera un «ataque» y hacerlo «basado en mentiras y con intención de generar alarma social» y da a conocer que ya el viernes, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, envió una carta a la ministra del ramo en la que deja claro que «no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derecho alguno».

En comunicado, desde la Junta subrayan que «cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre sobre tres premisas«, que son el »el respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios«.

Y advierte de que «utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente». Y, añaden, «velará por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias».

Por este motivo, recalcan, la Junta «estudiará, establecerá y coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas», por lo que la Consejería de Sanidad enviará este lunes «la adecuada contestación al Ministerio de Sanidad». Y, apostillan, «en su caso, efectuará el oportuno requerimiento oficial» con varias peticiones al Gobierno. La primera, apunta, «que se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía» y haberlo hecho «al simple amparo de noticias en medios de comunicación«. »Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia».

Defiende, además, su «plena autonomía para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias», dentro del conocimiento científico actual, »siempre« en el marco de la normativa y »con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario«.

En el comunicado, recuerda que «las obligaciones de colaboración interadministrativa están establecidas normativamente y se efectúan adecuadamente a través de los órganos sectoriales de coordinación establecidos». Por lo que, prosigue, «ninguna obligación específica existe de que esta Comunidad, en el legítimo ejercicio de sus competencias, comunique de manera inmediata a los Ministerios los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que ejerza sus debidas competencias», tal y como urge el Gobierno en su requerimiento.

Desde la Junta se advierte ya que si estas reclamaciones no son atendidos «íntegra e inmediatamente» por el Gobierno de España, «no» descarta «implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico«.

Estudiará, concluye, «si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno de España podría vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma«.