En su intervención, ha criticado duramente al Gobierno por «querer sacar rédito político» con las mujeres y ha garantizado que «en ningún caso» se modifica el protocolo para las embarazadas que soliciten «la interrupción del embarazo».
Estas palabras llegan tras el requerimiento «lamentable», según palabras de Fernández Mañueco, remitido por el Ejecutivo central el pasado domingo «y que aún no nos consta que haya llegado». En él, se reclama al Gobierno de la Castilla y León «que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo» y en el que amenazaba incluso con acciones «legales» dando por hecho que lo anunciado el pasado jueves por el vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo (Vox), «restringe derechos de las mujeres».
Fernández Mañueco ha garantizado una vez más «los derechos» de los profesionales y de las embarazadas y ha mostrado su sorpresa por un requerimiento «cuando no hay ningún acuerdo tramitándose en esta materia».
En su alocución, ha explicado que el objetivo con estas medidas es «mejorar y modernizar las actuaciones en la cartera de servicios» autonómica «sin modificar la del Estado, que es común para toda España».
Poniendo por delante de todo «a la voluntad de la mujer», ha explicado que éstas «podrán solicitar libremente los recursos a su disposición» y, a partir de ahí, «los facultativos las podrán facilitar según su criterio médico». En este línea, ha reconocido que «alterar el orden de estos factores podría derivar en coacciones directas o indirectas a la mujer embarazada que la Junta ni va a amparar ni a impulsar».
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