El PSOE bloquea una vez más el traspaso de la titularidad de la AP-9 a Galicia

Así lo indican en el texto presentado este jueves a las 17,25 horas, cuando el límite para presentarlas caducaba a las 18,00 horas y después de que tanto el BNG como el PP anunciasen que no presentarían modificaciones al texto para facilitar su continuidad. Sin embargo, el PSOE argumenta en la exposición de motivos que la carretera, «al estar integrada en un itinerario de interés general» por estar incluida en un «itinerario de tráfico internacional e interés europeo», que sirve de paso fronterizo con Portugal y conecta infraestructuras como los aeropuertos y puertos gallegos, debe permanecer en manos del Estado aludiendo al artículo 149.1 de la Constitución.

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«No obstante, dada la importancia social y económica de la autopista AP-9 para Galicia, y con el fin de lograr una mayor cercanía y eficiencia en su gestión, se considera procedente transferir determinadas competencias del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia, en los términos establecidos en esta ley», añade una de las enmiendas, que contempla la participación de la Comunidad en aspectos como «decisiones» respecto al contrato de concesión como los servicios prestados y las tarifas aplicables.

En este sentido, de aprobarse este traspaso parcial, la Administración central tendrá que informar a la Comunidad si se realiza cualquiera modificación del contrato de concesión con la empresa Audasa - cuya prórroga vigente hasta 2048 fue considerado ilegal por la Comisión Europea-, dando también potestad a Galicia de imponer «penalizaciones, sanciones o multas coercitivas por incumplimiento de la concesionaria». La Comunidad también podrá proponer modificaciones a la concesión, como la bonificación de los peajes, aunque si ello implica un incremento de los gastos presupuestarios «deberán ir a acompañadas de un compromiso para su financiación por parte de la administración de la comunidad autónoma».

Se trata pues de un obstáculo más que se suma a los seis años de paralización de esta transferencia defendida por todos los grupos parlamentarios gallegos, a pesar que desde el PSdeG ya deslizaron que, a su juicio, lo importante es la gratuidad y no la titularidad de la autopista.

Desde el PP manifestaron su malestar al considerar que estas enmiendas «van en la dirección contraria a la voluntad de los gallegos», rompiendo así la unanimidad del Parlamento autonómico con los mismos argumentos que el PSOE «ya utilizó la pasada legislatura». Un nuevo ejemplo, añaden, de que el «servilismo del BNG» se queda en «papel mojado», ya que fue parte del acuerdo por el que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.

Pese al esquema de bonificaciones de los peajes para vehículos pesados y ligeros que utilicen esta vía aprobados por el Gobierno central -que solo aplican a partir de 20 viajes al mes y con el uso del telepeaje en el caso de los vehículos ligeros-, el debate de la gratuidad de la autopista continúa estancado.

La semana pasada, el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó tras ser preguntado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno no asumirá el coste del rescate de la AP-9 ni de la AP-66 -que conecta Asturias y León y cuya concesión también fue considerada ilegal por Bruselas-. El Ejecutivo recurrió el dictamen de la Comisión Europea y no adoptará ninguna medida salvo que esta cuestión llegue a instancias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y obligue a España a enmendar la concesión de estas autopistas.