El Gobierno desbloquea el debate de la AP-9 en las Cortes tras 60 prórrogas

Esa será la hora a la que se cierre el plazo de presentación de enmiendas parciales, después de que a comienzos de mes ya se abordase un desbloqueo parcial con la apertura del registro de enmiendas a la totalidad. A la espera de que se conozca la posición definitiva de todos los grupos, tantoel BNG como el PP confirmaron ya que no presentarán modificaciones al texto aprobado por unanimidad en la Cámara autonómica.

El presente es el cuarto intento del Parlamento gallego para reclamar el traspaso de esta infraestructura considerada estratégica, que conecta Ferrol con Tui y vertebra el eje atlántico de la región. En todas las ocasiones anteriores, la proposición de ley se topó con obstáculos políticos en Madrid y quedó encallada, bien por falta de acuerdo en el Congreso o bien por la disolución de las Cortes.

Tras confirmarse el fin del plazo para las enmiendas parciales, el Partido Popular confirmó que no registrará modificaciones al articulado, «respetando el texto unánime» aprobado por la Cámara gallega. En un comunicado, el diputado del PPdeG y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso, Celso Delgado, celebró el avance tras «60 prórrogas, 45 de ellas en esta legislatura». Y atribuyó el paso dado a la «enorme presión ejercida desde el primer día» por su grupo.

Contextualizando, Delgado recordó que la tramitación de la ley se inició en diciembre de 2019 y que «han sido casi seis años de bloqueo« hasta este momento. «A partir de ahora nos mantendremos vigilantes y exigentes, hasta lograr lo que todos ansiamos desde el primer día: que la AP-9 sea finalmente transferida a Galicia», sostuvo el popular.

También, desde la Cámara Baja, el diputado del BNG, Néstor Rego, sacó pecho ante el nuevo avance y reivindicó el logro como un «resultado directo del trabajo y de la negociación constante del Bloque« —a pesar de que su partido no cuenta con representación en la Mesa del Congreso—, que lleva años reclamando que la titularidad y gestión de la AP-9 »se ejerzan desde Galicia«. En declaraciones remitidas a los medios, Rego consideró que el reciente desbloqueo es »una buena noticia para el país, fruto de la insistencia y del compromiso del BNG con la defensa de los intereses gallegos«.

El parlamentario nacionalista subrayó que el acuerdo llega tras la negociación de su grupo en el marco de la ley de movilidad estatal, e instó al resto de formaciones políticas a no presentar enmiendas «para evitar nuevas dilaciones en la tramitación y garantizar que la transferencia pueda aprobarse cuanto antes». «No es momento de poner palos en las ruedas, sino de cumplir con la voluntad unánime expresada por el Parlamento gallego», apostilló.

Con el plazo de enmiendas cerrado, la ley encarará por primera vez la posibilidad real de avanzar hacia su aprobación definitiva. Todavía deberá superar el debate parlamentario y granjearse el respaldo del Ejecutivo central para hacerse efectiva.

Aun si llega a efectuarse el traspaso de titularidad, el cambio de la estatal a la autonómica no eximirá del pago de peajes a los usuarios de la autopista. Estando aún en vigor la prórroga —considerada ilegal por la UE— que se le aplicó a su concesión en el año 2000 durante el gobierno de Aznar, la sociedad privada Audasa seguirá disponiendo de su adjudicación hasta el 2048.

Aquí es donde se quiebra el consenso parlamentario: el pasado mes, la mayoría de grupos de la Cámara gallega —PP, PSOE y Democracia Ourensana— acordaba dar luz verde a una iniciativa para pedir al Gobierno que ejecutase el rescate de la AP-9, frente a un BNG que abogaba por que la moratoria fuese «anulada» al considerar que el rescate supondría «llenar de nuevo los bolsillos de la concesionaria». Y, pese al apoyo mostrado por parte de los socialistas gallegos, la posibilidad del rescate la volvió a descartar la pasada semana su compañero de partido, el ministro Óscar Puente, salvo que un magistrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo decrete con una sentencia.

Todo esto, en el marco de la apertura de dos expedientes a España por parte de la Comisión Europea (CE), ambos por la misma cuestión: la naturaleza irregular que achacan a la extensión de la concesión hasta 2048, sin que se convocase procedimiento alguno de licitación pública, ni se publicase la modificación en el Diario Oficial de la UE. Cuestiones en las que, incide también la CE, tampoco ha habido cambios durante este último cuarto de siglo.