Reprimenda y tercera sanción de la Junta Electoral a Sánchez: «Debería conocer el deber de neutralidad»

El acuerdo adoptado ayer por la Junta lo que hace es resolver el recurso presentado por el Partido Popular contra el acuerdo previamente adoptado por la Xunta Electoral de Galicia del 31 de enero, que había resuelto la cuestión sin sanción pero advirtiendo que no se había respetado el principio de neutralidad política.

La JEC recuerda que ya ha venido expresando que aunque un proceso electoral no interrumpe el funcionamiento normal de las administraciones públicas, esto «no puede servir de excusa para la instrumentalización de los medios y recursos públicos de los que dispone la Administración en beneficio de una candidatura determinada». El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, reaccionó así a la decisión: «Galicia merece respeto, propuestas y no propaganda, que es lo que ofrece Sánchez».

El acuerdo pone el acento en que deben ser «las circunstancias concretas» de cada caso «las que deben determinar la incoación o no de un expediente sancionador». Y en este caso insiste en que «debe tenerse en cuenta la gran repercusión que en toda Galicia tuvo la intervención del presidente del Gobierno en su visita a Navantia» debido a la relevancia que tiene la empresa en el sector y la presencia en su sede de una autoridad tan relevante».

Además, la JEC justifica su decisión de aceptar el recurso porque Sánchez es ya reincidente. «También hay que tener en cuenta que la persona denunciada conoce (o debería conocer) la relevancia del deber de neutralidad inherente a la altísima autoridad que ostenta, neutralidad que debe mantener especialmente durante el proceso electoral. Así debería ser porque hasta en dos ocasiones la Junta Electoral Central ha sancionado al Sr. Sánchez por hechos parecidos a los que aquí nos ocupan, debido a otras tantas infracciones del artículo 50.2 de la LOREG, infracciones que igualmente fueron cometidas por dicha persona en su condición de Presidente del Gobierno».

Ese artículo establece que desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas «queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes».

Estos acuerdos son firmes en vía administrativa, pero pueden ser recurridos ante el Tribunal Supremo. Una posibilidad a la que Sánchez se acogió con anterioridad. Y precisamente haberlo hecho es un argumento más a favor de la decisión de la JEC de revocar el acuerdo de la Xunta Electoral de Galicia y ordenarle al órgano autonómico que procederá a incoar expediente sancionador. Recuerda en ese sentido que no puede obviarse la «relevante circunstancia» de que debido a una de esas infracciones fue el propio Supremo el que confirmó la correspondiente sanción y reiteró que «la neutralidad política en periodo electoral en los espacios públicos constituye un axioma esencial de nuestro ordenamiento jurídico». Entiende la JEC que Sánchez debe ser conocedor de esta regla «tan elemental» dada su condición de presidente del Gobierno y especialmente tras «la notificación personal que se le hizo de esta sentencia en la que se confirmaba la sanción que le había sido impuesta».

Esa primera sanción que fue luego confirmada por el Tribunal Supremo se limitó a una multa de 500 euros por haber utilizado las dependencias de La Moncloa para una entrevista electoral, que además fue posteriormente difundida y alojada en la página web del Gobierno. El Supremo confirmó en mayo de 2021 la multa que impuso la JEC en enero de 2020 al entender que la utilización de símbolos y elementos públicos «conlleva poner al alcance de uno de los contendientes en las elecciones la posibilidad de utilizar medios institucionales que no están disponibles para los restantes candidatos, con el quebrantamiento del principio de igualdad de armas».

El pasado octubre la JEC impuso una segunda sanción al presidente del Gobierno por utilizar las dependencias de la representación española en Bruselas para criticar los pactos que estaban alcanzando el PP y Vox en el marco de un Consejo Europeo que se celebró los días 29 y 30 de junio. Se acordó abrir este expediente por «la realización de manifestaciones con contenido valorativo y electoralista, aprovechando los medios públicos que disponía». En aquel entonces la JEC impuso una sanción de 2.200 euros a Sánchez, teniendo en cuenta que ya había sido sancionado en una ocasión. Por tanto, al ser la tercera sanción se espera una sanción mayor.