El año de la inflación y las dudas sobre los Next Generation

La subida imparable de los precios, que a final del año han ido moderándose, desató una de las mayores huelgas del transporte que se recuerdan. Cientos de camiones inundaron las ciudades gallegas reclamando medidas para afrontar los altos precios del combustible. La huelga provocó problemas de recogida de la leche, paralización de las lonjas de pescado e incluso se llegó a temer por el suministro de productos a los hospitales. Tras veinte días de paro, los convocantes pusieron fin a la protesta después de que el Gobierno central aprobase un descuento de 20 céntimos en los combustibles. La guerra de Ucrania provocó también una importante subida de los precios de los alimentos y de la electricidad. Las dificultades para exportar cereales desde el granero de Europa pusieron en jaque a los ganaderos, con incrementos sin precedentes en los piensos para alimentar a los animales y otros costes asociados.

Las tensiones en el mercado del gas también obligaron a volver a reactivar la central térmica de As Pontes, prácticamente sin actividad desde hacía tres años. Sus calderas volvieron a quemar carbón, uno de los principales responsables del cambio climático, en el mes de noviembre. Aunque Endesa había solicitado el cierre de la térmica, finalmente el Gobierno decidió mantener operativos dos de sus cuatro grupos ante el temor de que peligrase el suministro eléctrico durante el invierno. A largo plazo sigue sobre la mesa la clausura definitiva de la planta, pero por el momento en la central trabajan con la previsión de que la chimenea siga echando humo, al menos, hasta el próximo verano.

El cierre de As Pontes dejará un vacío en la producción eléctrica que deberá ser cubierto con energías verdes. Pero pese a la explosión de solicitudes para construir nuevos parques eólicos, que ha motivado un importante malestar social, durante el año que acaba de terminar apenas se han autorizado nuevos proyectos. Galicia cuenta actualmente con una potencia eólica instalada de 3.800 megavatios. Pero las empresas eléctricas han solicitado permiso para levantar parques, tanto a la administración gallega como a la central, que añadirían otros 10.000 megavatios. El sector reconoce que no todos conseguirán los permisos y aspira a unos 2.500 nuevos megavatios de aquí a 2030. La mayor parte de los parques están, sin embargo, atascados en los trámites administrativos que no acaban de resolverse. Las empresas temen que el próximo 25 de enero caduquen cientos de puntos de acceso y conexión, un permiso necesario para poder evacuar energía a la red, retrasando el despegue de la energía eólica en Galicia.

Los nuevos parques son fundamentales para lograr abastecer a la industria gallega de energía a precios competitivos. El atasco en la tramitación siembra dudas sobre la posibilidad de que Alcoa reinicie la planta de aluminio de San Cibrao en 2024. El 24 de enero, España dejaba de fabricar aluminio primario, después de que los trabajadores acordasen con la multinacional estadounidense el rearranque de las cubas en dos años. Pese a que Alcoa ha suscrito tres acuerdos, denominados PPA, con Endesa, Greenalia y Capital Energy para conseguir energía más barata, cada vez hay más dudas de que estas compañías puedan tener los parques eólicos listos para el año próximo.

La transformación energética pasa también por la implantación del hidrógeno verde. En Galicia hay varios proyectos en marcha. En diciembre, el Gobierno central anunciaba el desembarco del gigante danés del transporte marítimo Maersk para impulsar una planta de este biocombustible destinado al sector marítimo en España. Otro de ellos es el impulsado por Reganosa en As Pontes, que también ha anunciado otra planta en los terrenos de Meirama. El primero es la única de las grandes apuestas de la Xunta para captar fondos europeos Next Generation que ha conseguido las ayudas. Para reindustrilizar la zona cuando desaparezca el carbón, también se anunció en el año 2022 el desembarco del grupo chino Sentury Tire para instalar una fábrica de neumáticos low cost. Ence, que todavía espera el fallo definitivo del Tribunal Supremo para saber si debe abandonar Pontevedra, comunicó su intención de levantar una factoría complementaria de papel tisú y biomateriales en los terrenos que dejará libre Endesa cuando se apague la central.

Los otros dos grandes proyectos tractores de Galicia, la fábrica de fibras textiles a partir de la madera y el proyecto de economía circular que permitirá la generación de biogás a partir de excedentes de purines y otros residuos —promovido por Reganosa, Naturgy y Repsol—, siguen sin fondos por el momento. En primavera, la pastera lusa Altri comunicaba que la fábrica de fibras se instalaría en la localidad de Palas de Rei, una noticia que causó cierto malestar en la comarca de A Mariña lucense, que se postulaba para acogerla. Pero la compañía no tomará la decisión final sobre su inversión en Galicia (unos 800 millones de euros) hasta el primer semestre de 2023. El proyecto no se adapta a ninguno de los Pertes convocados por el Gobierno para canalizar los Next Generation y si hubiera que trocearlo para poder acceder a alguna convocatoria sería difícil que llegasen los 200 millones que la empresa aspira a captar de dinero público.

La falta de financiación pública también aumenta la preocupación sobre el futuro de Stellantis Vigo.La compañía solo logró 15 millones del primer Perte, en el que el 75 % de los 3.000 millones que se iban a repartir quedaron sin adjudicar. El Gobierno obligó a tener las inversiones ejecutadas en 2025 para poder optar a los fondos, pero el grupo automovilístico no pensaba renovar hasta algún tiempo después la plataforma que le permitirá construir nuevos modelos en Balaídos. Stellantis negocia con el Gobierno para ver si pone en marcha una segunda convocatoria del Perte, pero todo continúa en el aire. El director de la planta, Ignacio Bueno, ya ha advertido de que en las decisiones de la multinacional para designar una fábrica a la que se le adjudican los encargos pesan mucho las ayudas públicas disponibles.

Los astilleros gallegos cerraron 2022 con importantes cambios. Tras la quiebra de Barreras, la justicia adjudicó la factoría viguesa al grupo Armón en mayo. En Navantia Ferrol se empezó por fin a cortar chapa para la primera de las cinco fragatas F-110 encargadas por el Estado, que supondrán una importante carga de trabajo para la comarca durante diez años.

En materia pesquera, el año estuvo marcado por la aprobación del veto a la pesca de fondo en 84 áreas del atlántico por parte de la UE. La medida impulsada para proteger los ecosistemas marinos ha tenido un gran impacto en los puertos de Celeiro y de Burela. El Gobierno de España ha presentado un recurso para intentar frenarla y desde el propio sector, la Organización de Productores de Burela, con el apoyo de la Xunta,también ha recurrido a la justicia europea.