El atasco eólico pone en riesgo los proyectos industriales de Galicia

Galicia cuenta actualmente con una potencia eólica instalada de 3.800 megavatios. Pero las empresas eléctricas han solicitado permiso para levantar parques, tanto a la administración gallega como a la central, que añadirían otros 10.000 megavatios. La avalancha ha provocado una importante contestación social y también que la Xunta decretase una moratoria en la recepción de nuevos proyectos, al no tener capacidad de tramitarlos. Las prisas por el desarrollo eólico surgieron tras la publicación por parte del Gobierno central de un Real Decreto Ley del 23 de junio de 2020. Antes de pedir el permiso para construir un nuevo parque eólico, las empresas deben contar con lo que se conoce como punto de acceso y conexión, es decir, deben tener autorizado el lugar por el que van a evacuar a la red la electricidad que generen los molinos de viento. La nueva normativa pone fecha de caducidad a esos puntos de acceso si la tramitación no va avanzando. «Por ejemplo, si no se admite a trámite el proyecto en tres meses se pierde el permiso de acceso y conexión», explica Pablo Fernández Vila, director xeral de Planificación Enerxética, en conversación con ABC.

Uno de los hitos más importantes para poder conservar ese nudo de acceso a la red es la aprobación de la declaración de impacto ambiental del proyecto. Si el próximo 25 de enero, 138 parques de los 190 que tramita la administración gallega no cuentan con este permiso, no podrán ser autorizados al dejar de contar con ese punto de conexión. En el Ministerio de Industria —al que se solicitan los proyectos de más de 50 megavatios— hay otros 65 parques en tramitación y buena parte de ellos también perderían el acceso a la red en enero.

«Nosotros trabajamos para que el mayor número posible tengan la declaración de impacto ambiental, pero es posible que a alguno no le dé tiempo», explica Vila. «Hemos simplificado la tramitación todo lo que hemos podido, hemos hecho refuerzo de personal funcionario interino, ya varias veces, estamos poniendo toda la carne en el asador, pero es una espada de Damocles muy significativa», reconoce.

La patronal eólica censura el retraso en la tramitación de los parques. «Llevamos tres años sin hacer nada y todas las inversiones Next Generation, todos los proyectos que se están anunciando ahora están vinculados a nueva generación. Estamos viendo que el resto de comunidades están cumpliendo: Andalucía, Aragón, las dos Castillas. ¿Eso qué fomenta? La entrada de este tipo de proyectos Next Generation», indica Manuel Pazo, presidente de EGA, a este diario. Pazo sostiene que, si en enero caducan los parques que llevan la tramitación más avanzada, toda esa nueva industria no podrá instalarse en Galicia.

La Xunta alega que la aprobación de los nuevos proyectos eólicos es un proceso complejo. Fernández Vila explica que hay que sacar a información pública el parque y que numerosos organismos sectoriales tienen que emitir sus informes, como la dirección xeral de Patrimonio Natural, Cultural, Aguas de Galicia, la Confederación Hidrográfica... «Como consecuencia de esos informes, los proyectos tienen modificaciones, por supuesto si afectan a patrimonio natural o cultural, pero también si están cerca de una estación meteorológica y los aerogeneradores pueden influir en sus mediciones», ejemplifica. Buena parte de esos informes dependen también de la Xunta, aunque los parques se tramiten por el Gobierno central, y el director xeral reconoce que la administración gallega está desbordada. «La mayor parte del trabajo está en la autonomía siempre», reconoce el presidente de EGA. Sin embargo, censura que en estos últimos 10 años la administración gallega solo ha conseguido autorizar 600 megavatios. «Como tardan una media de tres-cuatro años en autorizarlos, los aerogeneradores que se proponían, esas máquinas, ya no existen en el mercado. Es como un coche que cambia de modelo. Hay que volver a modificar los proyectos», recrimina. Ante la caducidad de los puntos de acceso y conexión en enero, la patronal eólica estima que se perderá una inversión de 2.500 millones de euros en Galicia; las empresas deben desembolsar un millón de euros por cada megavatio nuevo de potencia.

Para tratar de desatascar la tramitación la Xunta pide más tiempo. El presidente Alfonso Rueda se lo reclamó a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la última reunión que mantuvieron. Pero el Gobierno no se muestra favorable a prorrogar la caducidad de los puntos de acceso y conexión. Ribera emplaza a las comunidades a que agilicen los trámites, recuerda que ya se concedió una prórroga y considera fundamental que se aprueben cuanto antes los nuevos parques. Desatascar el cuello de botella en la tramitación de los permisos de los proyectos 'verdes' —indicó el pasado viernes, según recogió Ep— es una de las cuestiones que más preocupa a nivel europeo.

La administración gallega trata de agilizar la instalación de aerogeneradores que son necesarios para la continuidad de Showa Denko en La Coruña y Alcoa en San Cibrao. La primera necesita dos parques de 123 megavatios y los puntos de conexión caducan este enero. Para Alcoa son precisos 224 megavatios y habría hasta el 23 de septiembre para que los proyectos tengan la declaración de impacto aprobada. La Xunta ha decidido concederles una declaración de excepcionalidad, lo que significa que podrán situarse fuera de las zonas previstas en el plan sectorial eólico de Galicia, una especie de mapa que contempla los espacios reservados para los molinos de viento.

Pero la Dirección Xeral de Planificación Enerxética asume que, por mucha prisa que se den, va a haber parques que se queden sin completar la tramitación. Por este motivo se ha cambiado también la legislación en la ley de acompañamiento que se aprobará con los Presupuestos de 2023. Hasta ahora, si las empresas perdían el permiso de conexión a la red y no lograban recuperarlo en doce meses, por no salir nuevos concursos o no ganarlos, había que comenzar de cero con los trámites. «¿Qué es lo que vamos a hacer? Eliminar ese plazo de los 12 meses. Si pierdes el permiso el 25 de enero o en una fecha posterior, tu proyecto sigue tramitándose», indica Pablo Fernández Vila. La administración no podrá autorizar el proyecto hasta que se consiga un nuevo punto de acceso, pero se evitará tener que repetir un trabajo ya hecho.