Un embalse enfermo y una aldea al límite

Este escenario, sin embargo, podría cambiar más pronto que tarde. Tras una década de denuncias por la contaminación causada por la ganadería intensiva, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló recientemente a favor de los vecinos, declarando vulnerados derechos fundamentales como la salud, la vida privada o el acceso al agua potable, y condenó a la Xunta y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) -dependiente del Estado- a restaurar el entorno, frenar los malos olores, garantizar el suministro de agua potable segura y devolver a la ciudadanía el «pleno disfrute» de sus derechos. Por el momento, ambas instituciones ya avisaron que van a recurrir.

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J. Hierro

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La historia del embalse de As Conchas, de 631 hectáreas, es la de una transformación amarga: de enclave natural a fuente de un hedor persistente, dolores de cabeza para los vecinos, agua no potable y alertas sanitarias por la presencia de cianobacterias tóxicas y bacterias resistentes a antibióticos. Según informes presentados durante el juicio, en un solo litro de agua del embalse se han llegado a detectar entre 32 y 97 millones de bacterias, muchas de ellas peligrosas para la salud humana. Y el acuífero subterráneo también está afectado: más de la mitad de los pozos analizados, de los que las viviendas extraen su agua, superan el límite legal de nitratos para el consumo.

Como antes se refería, no es una gran incógnita el origen de esta contaminación. Los informes científicos elaborados durante el caso exponen que se debe a la alta concentración de explotaciones porcinas y avícolas -alrededor de dos millones de cabezas de ganado en la comarca-, cuya producción de purines supera con creces la capacidad de absorción del territorio.

Los vecinos afirman que la vida allí se ha vuelto totalmente «inviable». Según informan los denunciantes, sus negocios se están viendo afectados y muchos temen beber agua de los pozos locales; en algunos casos, el suministro de agua del propio municipio acabó contaminado. Y en primavera, mientras la proliferación de cianobacterias alcanzaba su pico, se celebró incluso una competición de piragüismo en el embalse sin advertencia oficial alguna.

Frente a la pasividad institucional, la vía judicial se convirtió en la única salida. La demanda se apoya en la Constitución española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación ambiental europea e internacional. Su principal argumento: que la Xunta y la CHMS no protegieron los derechos fundamentales de la ciudadanía al permitir que esta situación se mantuviese durante años. Mientras, tanto el Gobierno gallego como la CHMS anunciaron ya que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo.

En un acto público de la pasada semana, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, aseguró que el fallo no refleja adecuadamente las competencias autonómicas, que la vigilancia del embalse corresponde al Estado a través de la CHMS y que la Xunta «respeta» pero no está «de acuerdo» con el contenido de la resolución. Y también justificó la ausencia de una declaración de zona vulnerable por nitratos alegando que el Gobierno central no finalizó los estudios pertinentes.

Por contra, el presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga, afirmó que «la Xunta se está excusando» y rechazó de plano la acusación de pasividad: según dijo, desde 2011 se abrieron más de 200 expedientes sancionadores, se realizaron controles periódicos y se emitieron informes sobre la calidad del agua. También reprochó que el tribunal no permitiera a funcionarios del organismo declarar durante la vista, lo que a su juicio vulnera el derecho de defensa. «Se nos acusa sin escucharnos», protestó.

Ambas instituciones niegan tener responsabilidad exclusiva y esgrimen que cumplieron con sus funciones. Pero la sentencia del TSXG apunta precisamente a esa falta de coordinación como uno de los agravantes de la crisis medioambiental. Los magistrados subrayan que tanto Xunta como CHMS conocían la situación desde hace más de una década y que ninguna de las dos adoptó medidas eficaces para revertirla.

El caso de As Conchas se ha vuelto un precedente legal de alcance europeo: es la primera vez que un tribunal en Europa falla reconociendo una vulneración de derechos fundamentales como consecuencia directa de la contaminación generada por la ganadería industrial. Organizaciones ambientalistas y juristas consideran que este fallo podría abrir la puerta a nuevos litigios en otras regiones afectadas por modelos de producción intensiva. Pero, por lo pronto, en el embalse orensano la pugna no ha acabado. Queda por ver si las medidas ordenadas se aplican, si el recurso prospera, y si, como esperan los vecinos, el embalse vuelva a ser lo que fue.