Audasa pagará veinte veces más de IBI al caducar sus privilegios

Jesús Hierro

Santiago

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29/01/2024 a las 09:44h.

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En 2002, el Gobierno del entonces presidente José María Aznar prolongó durante 25 años más, es decir, hasta 2043, la concesión a Audasa de la gestión de la autopista AP-9, la vía de comunicación terrestre más importante de Galicia. A no ser que las administraciones lo subvencionen con fondos públicos, los gallegos deberán seguir pagando peajes durante veinte años más. Pero uno de los privilegios de Audasa acaba de extinguirse: la exención casi total –solo pagaba un 5 %– del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Ahora, la empresa concesionaria deberá abonar, aproximadamente, veinte veces más por este impuesto a los 38 ayuntamientos por los que transcurre la autopista AP-9.

Audasa disfrutaba de esa bonificación gracias a una ley franquista de 1972. Pero el Real Decreto 173/2000, que prorrogaba la concesión hasta el 18 de agosto de 2048 –a cambio, sobre todo, de la ampliación de la AP-9 hasta Ferrol– contiene un apunte del que ahora podrían beneficiarse las cajas de esos 38 municipios. El punto vigésimo de ese decreto establece que hasta 2048 «se mantendrán todos y cada uno de los beneficios tributarios, económico-financieros y de cualquier otro índole otorgados», pero con una «excepción»: los beneficios fiscales de la ley de 1972 respecto a lo que a día de hoy es el IBI, de los que «la sociedad concesionaria no podrá disfrutar a partir del día 19 de agosto del año 2023», recoge literalmente el decreto el mencionado decreto de 2000.

En el Concello de Abegondo (La Coruña), uno de los términos municipales por los que transcurre la principal arteria de comunicación que une la frontera portuguesa con Ferrol, hacía ya tiempo que le tenían tomada la matrícula a ese decreto en su letra pequeña. Porque lo que había hasta ahora era «una injusticia patente», y porque ya es hora de dedicar esos fondos «al interés vecinal». La semana pasada el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes, hizo de anfitrión en una reunión, con la intención de crear «un frente común», en la que se dieron cita representantes de una veintena de municipios afectados, como A Coruña, Culleredo, Cambre, Bergondo, Betanzos, Paderne, Cabanas, Ferrol, Oleiros, Mesía, Ordes, Oroso, Santiago de Compostela, Teo, Padrón, el propio Abegondo, y también los municipios pontevedreses de Valga, Caldas y de Mos. Otros no asistieron pero la secundaron.

También tomaron nota en la Diputación de La Coruña, que tiene delegadas las competencias para la gestión y cobro del IBI en 18 de los veinte ayuntamientos de la provincia por los que transcurre la autopista –las excepciones son dos ciudades, La Coruña y Ferrol, donde lo gestionan sus propias administraciones—. El responsable de Hacienda de la institución provincial, José Ramón Rioboo, ha explicado que ya han tomado la decisión de cobrar «de oficio» a Audasa la totalidad del IBI. Solo en esos 18 ayuntamientos, el departamento tributario de la Diputación de La Coruña calcula que se pasará de recaudar 175.000 euros a 3,7 millones al año.

En el área de hacienda de la Diputación de Pontevedra, la otra provincia por la que discurre la autopista AP-9, están en fase de estudio. Pero algunos de los municipios de la provincia por los que transcurre la principal arteria de comunicación terrestre de Galicia ya han ido anunciando a lo largo de la semana su voluntad de reclamar a Audasa el cien por cien del IBI.

Redondela (Pontevedra), por ejemplo, ya lo ha dejado claro, porque, según su alcaldesa, Digna Rivas, se trata de «una cuestión de justicia», y los ingresos de ese tributo podrán destinarse a servicios públicos.