Militantes del PSOE piden la suspensión de Silva y Príncipe recurre su expediente

En el recurso —que acaba de presentar ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE, al que ha tenido acceso ABC—, apela a la jurisprudencia aportando hasta tres sentencias favorables a los afiliados que fueron sancionados o suspendidos de militancia. En el escrito remitido ayer, Príncipe recuerda que con anterioridad —29 de julio de 2011—se le abrió un expediente disciplinario, del que no recibió resolución alguna, por supuestas declaraciones en contra de cargos del partido en medios de comunicación y redes sociales. Una actitud que podría calificarse de «grave o muy grave».

Una historia que ahora se repite, según el político, para quien su suspensión de militancia pone en evidencia que «estamos ante un proceso inquisitorial». En aquel entonces los hechos no fueron concretados por la Agrupación Municipal de Vigo. La falta de motivación marca una vez más esta última resolución, que tiene origen en su participación como presentador en una conferencia del conselleiro Alfonso Rueda sobre el área metropolitana. Una intervención envuelta en polémica donde el que fuera primer edil de Vigo lamentó que el PSdeG no hubiese aprobado esa ley y hubiera «mareado la perdiz durante cuatro años», y en la que reprobó la actitud contraria del alcalde de Vigo a la normativa. Con la misma, acusó a Abel Caballero de practicar «políticas peronistas» y de «aislar a la ciudad por no querer dialogar».

La otra cara de la moneda la representa Carmela Silva por su acumulación de cargos, incumplimiento con ello una norma interna del partido y, en consecuencia, poniendo en entredicho al responsable de la misma: el secretario general de los socialistas gallegos, Manuel «Pachi» Vázquez. Una doble vara de medir que ha levantado ampollas en el sector crítico de la formación.

Como Príncipe, el sector de la Alternativa Socialista de Vigo que incluye a miembros del Comité Nacional Gallego y del Comité Provincial de Pontevedra del PSdeG-PSOE, tampoco se ha quedado de brazos cruzados. Era un secreto a voces que en cualquier momento pedirían la «suspensión cautelar de militancia» de la diputada; extremo que se formalizaba el viernes.

Caballero y su pareja política beben así de su propia medicina. No cumplir con la máxima de Vázquez «un hombre, un cargo» podría costar caro a la teniente alcalde de Vigo, concejala de Urbanismo, diputada en el Congreso y secretaria de la Mesa, secretaria de la ejecutiva federal del PSOE, vicesecretaria de la agrupación de Vigo y miembro nato del Comité Nacional Gallego y del Comité Provincial de Pontevedra. Por contra, su expulsión del partido podría ser en una grata noticia para la ciudad, teniendo en cuenta que la Concejalía que dirige sufre desde hace meses un preocupante parón técnico.

El colectivo que encabeza Gonzalo Caballero ha elevado la petición a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a fin de que se abra a Silva «un expediente disciplinario». «Al compatibilizar los cargos públicos incumple de forma flagrante y reiterada las normas e instrucciones del PSdeG, dañando la imagen de la organización y de los cargos públicos socialistas», esgrimen en su escrito. Un documento en el que, además, hacen especial hincapié en que la política viguesa mantiene «una indisciplina reiterada» con las decisiones del partido. Además, justifican su petición en que, en la coyuntura actual, con millones de desempleados, «no es ético ni estético que un cargo socialista se dedique a saltarse las normas del partido para acumular cargos, ingresos y otras retribuciones o dietas procedentes del dinero público».

Finalmente, censuran que su «comportamiento cuestiona la capacidad y la credibilidad» del secretario general de los socialistas gallegos, a quien desautoriza al incumplir su máxima «un militante, un cargo». De hecho, tras numerosas renuncias de otros miembros del partido, tan solo Carmela Silva y Luis Gómez Piña compatibilizan en la actualidad escaños con Concejalías —éste último, en A Cañiza (Pontevedra)—. Ambos han hecho pública su intención de cesar en sus cargos locales; en el caso de la viguesa, tras la aprobación de las cuentas locales.