Xunta y PPdeG reprochan a Fomento su nueva negativa a traspasar la AP-9

El reproche de Puy es —por extensión— también el del gobierno autonómico y su presidente, un Alberto Núñez Feijóo que ha asumido la reivindicación como propia desde que inició este pulso con el titular de Fomento, Íñigo de la Serna. Ayer Feijóo declinó realizar comentario alguno a los medios, pero sabe que, como muy tarde, el jueves tras la reunión semanal del Consello de la Xunta tendrá que poner voz a la crítica que ayer adelantaba Pedro Puy.

Más allá de tachar la decisión ministerial de «equivocación», el portavoz parlamentario se aferró a la posibilidad de que la Mesa del Congreso, el órgano que debe calificar si el proyecto de ley gallego para asumir la autopista, obvie el criterio de Fomento y acepte iniciar su tramitación, una situación harto improbable. En cualquier caso, la Mesa no se volverá a reunir hasta septiembre, porque la Cámara Baja ha entrado ya en su periodo extraordinario por el verano.

El siguiente capítulo del culebrón de la AP-9 parece que se desarrollará —otra vez— en los despachos de la asesoría jurídica del Parlamento . «Lo lógico es que les consultemos» qué hacer a partir de ahora, avanzó Puy. Fueron los letrados de la Cámara los que, cuando Fomento se opuso por primera vez a la transferencia, aconsejaron una nueva tramitación modificando la redacción para dejar claro que el traspaso de la infraestructura no implica un aumento de los créditos presupuestarios para el Gobierno.

Así actuaron los grupos parlamentarios, votando unánimemente la versión retocada del texto legislativo. Sin embargo, los retoques no tuvieron el efecto deseado, porque Fomento volvió a considerar en el informe conocido el viernes que, sí o sí, el traspaso «generaría un aumento de los créditos presupuestarios» , cifrando el impacto en las cuentas del Estado en unos 4.360 millones de euros. El cálculo del Ministerio se basa en imponerle al Estado las cargas que en la actualidad soporta la autopista: los 224 millones por las obras de ampliación, 120 millones por el convenio de subvención de peajes en Rande y A Barcala, otros 210 en bonificaciones y hasta 4.360 millones para compensar el fin de la concesión. «El Gobierno no presta su conformidad para la tramitación», zanjó el Ejecutivo.

La Xunta todavía está digiriendo la respuesta de Fomento —de la que el Parlamento no tiene constancia oficial, a día de ayer—. Sobre todo porque recientemente se produjo una reunión de la comisión de seguimiento que gobierno estatal y autonómico crearon para la gestión de la autopista. Y durante la misma no se comentó que Fomento iba a volver a decir «no» a la histórica aspiración de Galicia, con un informe que no lleva la rúbrica de ningún cargo del Ministerio.

El gobierno gallego intenta trasladar la idea de que el pulso a Fomento en ningún momento se dijo que iba a ser fácil, ya que las discrepancias técnicas que esgrime el Ministerio son las que obstaculizan el traspaso, y se han mantenido con independencia del titular del departamento estatal. No obstante, mantendrán vivo el debate porque creen que la razón les asiste.

La oposición, por el contrario, entiende que el segundo revés en pocos meses de Fomento a la pretensión gallega no es sino la prueba de la falta de peso político de Núñez Feijóo en la capital de España. «Galicia está paralizada» por culpa de una Xunta «que está de vacaciones», valoró Luís Villares, portavoz de En Marea, a quien le produce «vergüenza ajena» el «ninguneo» al que —a su juicio— somete el PP a Feijóo por esta cuestión.

Menos ruidoso se mostró el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, que censuró a Fomento el empleo de cifras «falaces» en el cálculo del coste del traspaso . Además, el proyecto de ley no busca una transferencia directa sino abrir un periodo de negociaciones entre Xunta y Estado.

-