La Xunta ve «inconstitucional» la Ley de cambio Climático que podría afectar a Ence

El artículo cuestionado recalca que las concesiones en el dominio público marítimo terrestre pueden durar un máximo de 75 años «siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados en incumplimiento de lo previsto en este artículo». Ence se construyó en el año 1958 en los terrenos públicos del litoral, su concesión caducaba en 2018, pero dos años antes el Gobierno del PP tras reformar la Ley de Costas en 2013 le concedió una prórroga que le permitiría seguir hasta el año 2073. Se espera que en breve la Audiencia Nacional se pronuncie al respecto de si esta ampliación de la concesión fue o no legal. El plazo de 75 años para Ence caduca en 2033, pero la compañía ya ha alertado de que de no poder continuar otros 62 años, paralizará las inversiones necesarias en la planta y la cerrará incluso antes de esa fecha límite .

Según explica la Xunta, el Gobierno al modificar la ley de Costas en 2013 estableció que a partir de entonces se aplicaba el máximo de 75 años de ocupación de los territorios públicos. Pero para las concesiones anteriores, como la de Ence, regula una prórroga extraordinaria por la que podrían estar más tiempo. La Asesoría Xurídica interpreta que con la nueva ley de Cambio Climático, se le daría un carácter retroactivo y ninguna concesión podría durar más de 75 años, con lo que el Gobierno podría anular las prórrogas extrardinarias ya otorgadas.

Las conselleiras Ángeles Vázquez y Rosa Quintana recalcan además que su redacción es contraria al artículo 33.3 de la Constitución y que «afectaría a los derechos integrados de los afectados, pues se verían privados anticipadamente de una concesión adquirida sin la correspondiente autorización» .

La Asesoría Xurídica ha mostrado también sus dudas al respecto de otro punto de la nueva Ley de Cambio Climático, el 18.3 ya que en su opinión «es contrario a la seguridad jurídica». Desde los departamentos de Mar y de Medio Ambiente subrayan que el nuevo texto legal afectará a múltiples concesiones en dominio público. «Desde la Xunta de Galicia solicitamos la retirada de los artículos 18.3 y 18.4 del proyecto de Ley de Cambio Climático, ya que con su actual redacción afectará a la seguridad jurídica de todas las industrias situadas en la costa gallega. Y podrá llegar a suponer la pérdida de 37.000 puestos de trabajo y de 10.000 millones de euros», concluyen las conselleiras .

Sin embargo, tanto el Gobierno central como la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR), una de las que denunció la prórroga de Ence en los tribunales, no acaban de entender la polémica . La semana pasada miembros de la APDR se reunían con altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica y coincidían en que «se le está atribuyendo a ese artículo 18.4 una trascendencia que no tiene», informó la asociación tras el encuentro. Según su argumentación la limitación de permanencia en los terrenos públicos del litoral a 75 años, la establece la Ley de Patrimonio del Estado, que tiene un rango superior a la de Cambio Climático que ahora se tramita. La APDR y el Gobierno consideran que el resto de industrias del sector mar-alimentación tampoco se verán afectadas por el polémico artículo, dado que están reguladas por la Ley de Pesca de Galicia, una legislación autonómica.