La Xunta aprovecha la crisis de los embalses para reclamar su gestión

Los embalses gallegos de la costa ya son competencia de la Xunta, pero no así los de Miño-Sil, pues algunos de los de esta cuenca están ubicados en Castilla y León. Y Feijóo hoy, a preguntas de la prensa, ha puesto énfasis en comparar la gestión de este verano de los embalses de Miño-Sil con los que dependen de la Xunta. En los que dependen de la administración autonómica «no se ha hecho un vaciado». Además, ha añadido el presidente de la Xunta, de haberlo llevado a cabo sería «ilegal». El portavoz de los populares en el Parlamento gallego, Pedro Puy, también ha insistido en esa idea: «Los embalses de la Confederación Hidrográfica están vacíos, y los que dependen de la Xunta, no ».

Sigue latente, por tanto, la controversia y el enredo sobre el polémico vaciado por parte de las empresas hidroeléctricas de estos embalses –Iberdrola dejó al 15 % de su volumen los orensanos de Las Portas y Cenza–, en un momento en que el precio de la luz sigue disparado. Ni la Xunta de Galicia ni el Gobierno central dudan de que las maniobras de las eléctricas están directamente relacionadas con su propio interés económico. Ni la administración estatal ni la autonómica, sin embargo, movieron ficha cuando las empresas le comunicaron sus intenciones.

Este lunes, mientras Feijóo reclamaba más competencias, el Gobierno de Sánchez anunciaba medidas legales «inmediatas» para «terminar con las malas prácticas» de las empresas hidroeléctricas. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha dicho que no se puede permitir que la « inadecuada» gestión de las concesiones «por razones puramente de beneficios para las empresas» acarree «consecuencias negativas desde el punto de vista social y medioambiental».

Estas afirmaciones contrastan, sin embargo, con la pasividad mostrada por la CHMS cuando la empresa concesionaria les informó del vaciado: no se lo comunicaron a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta, como obliga la normativa autonómica. En concreto, el artículo 83 del reglamento de ordenación de la pesca fluvial estipula que cuando el vaciado sea mayor del 80 % de la masa de agua deben comunicárselo al «órgano competente» –en este caso, el CHMS–, y este deberá «notificarlo inmediatamente» a la Xunta, para que tome las medidas oportunas para proteger la fauna y flora acuática. El CHMS no lo hizo y la empresas concesionarias completaron los vaciados previstos.

La preservación y el equilibrio medioambiental en la pesca fluvial es el «estrecho margen», ha recordado este lunes Feijóo, del que a día de hoy dispone la Xunta en este ámbito. Y en ese terreno es dónde el gobierno autonómico ahora ha tomado cartas en el asunto. Tras los vaciados, la Consellería de Medio Ambiente ha abierto expedientes sancionadores tanto al CHMS como a a Iberdrola y a Naturgy –que gestiona otros dos embalses de esta cuenca, Belesar (Lugo) y Salas (Orense), que fueron vaciados pero no de forma tan drástica como Las Portas y Cenza–, al considerar que llevaron a cabo « un vaciado incorrecto que no cumple con la legislación en el ámbito fluvial de los ríos de Galicia».

Y es que, a criterio del gobierno autonómico, tanto las empresas como la propia CHMS «actuaron de forma irresponsable, sin esperar ni pedir las autorizaciones preceptivas para desaguar» . Ha incidido en esto también en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PP gallego. Puy considera que no solo tiene que haber un comunicación del vaciado, sino también, después, «una autorización» por parte de las autoridades autonómicas.

Las empresas hidroeléctricas, tal y como adelantó 'eldiario.es', avisaron del vaciado tanto a la CHMS como a la Xunta. Lo hicieron, sin embargo, muy pocos días antes de llevarlo acabo, y sin el margen de un mes al que obliga la normativa. Tampoco el CHMS cumplió con lo que estipula el decreto, pues no remitió ese aviso a la Xunta, y por eso la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda le ha abierto ahora también un expediente.

La administración gallega, por su parte, sí que fue informada a través de esos correos electrónicos que le enviaron las empresas concesionarias hidroeléctricas, pero no por el canal oficial que establece la normativa autonómica. La Xunta no recibió comunicación alguna por parte CHMS . Y este organismo, dependiente del Ministerio, estaba obligado a informarle.