Factoría de Alcoa en San Cibrao, en el municipio lucense de Cervo
Factoría de Alcoa en San Cibrao, en el municipio lucense de Cervo - ELISEO TRIGO/EFE
EL FUTURO DE LAS ELECTROINTENSIVAS

La Xunta advierte que si no baja la luz no habrá comprador para Alcoa

El Gobierno central defiende que su propuesta es razonable dentro del marco legal que permite Bruselas

SantiagoActualizado:

Con un plazo que se agota el próximo 30 de junio, el mantenimiento del empleo en la factoría coruñesa de Alcoa sigue en el aire. La multinacional estadounidense del aluminio ha dado hasta esa fecha para encontrar un comprador para la planta gallega y la de Avilés, en las que trabajan 700 personas. Pero los posibles inversores exigen que se abarate la factura eléctrica, que supone el 40% de los costes de producción. La receta del Gobierno, el borrador del estatuto de las electrointensivas, no ha convencido prácticamente a nadie. Ayer, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lo decía claramente: «Si no hay una bajada del precio de la luz, no hay viabilidad para Alcoa».

Desde La Coruña, Feijóo alertaba también de que el estatuto pone en «grave riesgo» a otras empresas. Tras conocerse la propuesta del Gobierno central, que todavía está abierta a alegaciones, Alcoa amenazó con cerrar también su planta de San Cibrao, en Cervo. Además, otras electrointensivas como Ferroatlántica han establecido un expediente de regulación de empleo temporal para su plantilla. En la Comunidad, compañías como Megasa o Celsa Atlántic también temen que el elevado coste energético acabe por comprometer su continuidad. En total, según Feijóo, hay 5.000 empleos que podrían verse afectados en la Comunidad. «O se baja el precio de la luz» para las empresas electrointensivas o éstas «no tienen futuro», recalcó, según informa Ep. El presidente criticó que el Gobierno «no se dé cuenta, no quiera darse cuenta o, dándose cuenta, no le interese bajar el precio de la luz». «Estamos a punto de perder toda oportunidad para que a algún comprador le interese Alcoa», insistió sobre la planta coruñesa.

El Gobierno central publicó este lunes el borrador del estatuto. En la memoria de análisis de su impacto ofrece las cifras. Las nuevas medidas apenas supondrán una rebaja de 64 millones de euros a repartir entre las 253 empresas que pueden considerarse electrointensivas. La exención de pagos por capacidad les ahorrará en conjunto 41 millones de euros, un euro por megavatio a las que participan en las subastas de interrumpibilidad. Hasta otro euro por megavatio llegará por la supresión de la tasa por interrupción, 23 millones en total. El estatuto contempla también ayudas para compensar los gastos que afronta este tipo de industrias, que pagan para poder emitir CO2, el principal gas responsable del cambio climático. Estas ayudas ya existían previamente. El Gobierno prevé dotar esta partida de 76 millones en 2019, ampliables hasta los 100 millones de euros.

El Gobierno central, sin embargo, defiende su propuesta. La ministra de Economía, la coruñesa Nadia Calviño, explicó que el precio de la electricidad «no es el único factor determinante para la permanencia y continuidad» de las industrias electrointensivas. Según informa Efe, Calviño consideró que el problema debería resolverse a nivel europeo. El Gobierno de España, aseguró Calviño, ha estado «explorado las distintas opciones siempre dentro del marco que se permite en el control de ayudas públicas por parte de la CE (Comisión Europea)». El borrador de estatuto para los grandes consumidores como Alcoa es «una propuesta razonable que va hasta el máximo posible con el régimen comunitario», subrayó la titular de Economía.

Sin embargo, un mes antes de que estallase la crisis de Alcoa, la patronal de las electrointensivas ya alertaba de que los elevados precios de la electricidad en España amenazaban el futuro de este tipo de industria. La patronal reclamó entonces un cambio de modelo que igualase las condiciones del suministro eléctrico con las existentes en Alemania o Francia, sus principales competidores. Según sus cálculos, durante 2017 este tipo de industrias tuvieron un sobrecoste estimado de 450 millones de euros con respecto a las alemanas.

La Xunta cree que sí hay margen para establecer nuevas medidas que logren abaratar más la luz a las electrointensivas sin saltarse las exigencias para las ayudas públicas a la industria que impone Bruselas. El conselleiro de Economía, Francisco Conde, se reunió esta mañana con representantes de las principales empresas del sector en Galicia para consensuar las alegaciones que presentarán el próximo lunes al borrador del estatuto. Son «propuestas realistas» ya aplicadas en otros países de la Unión Europea, defendió el conselleiro.

La Xunta reiterará cuatro peticiones que ya le había hecho al Gobierno antes de la elaboración del borrador. Entre ellas, Conde destacó la reclamación de que en el estatuto se recoja la categorización de «empresa electrointensiva», diferenciando tres grupos según el grado de dependencia de sus costes de producción a la factura eléctrica: las electrointensivas, las altamente electrointensivas y las hiperelectrointensivas. Además, la segunda propuesta se centrará en el establecimiento de compensaciones por el pago de renovables. La Xunta también pedirá «compensaciones fiscales», así como descuentos «de hasta el 90%» en el pago de los peajes eléctricos.

La última de las medidas está vinculada a los mecanismos de dióxido de carbono (CO2), con el propósito de que se introduzcan las compensaciones que habilita la Comisión Europea derivadas de las pujas de CO2. «La finalidad es permitir una suficiencia financiera para dar respuesta a este tipo de compañías», señaló el conselleiro de Economía. El conselleiro indicó, además, que la Xunta continuará trabajando con el Gobierno para identificar posibles inversores para Alcoa «para lo que es necesario establecer un precio eléctrico competitivo».