Unanimidad en el Parlamento gallego para alcanzar la igualdad salarial en el año 2020

En concreto, el texto aprobado por el conjunto de los diputados insta al Gobierno gallego a convocar a patronal y sindicatos para que, de aquí al final de la presente década, se marquen como meta en las negociaciones colectivas lograr la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Además se incluyó una enmienda del PSdeG para que la Xunta solicite al Gobierno de España la elaboración de una ley de igualdad retributiva , que garantice de forma «real» que ambos sexos recibirán los mismos sueldos cuando realicen un trabajo de igual valor.

«La desigualdad salarial minusvalora el trabajo femenino, mantiene la imagen de la mujer dependiente del hombre y provoca que muchas mujeres precarias queden atrapadas por cuestiones económicas en relaciones machistas que las anulan y degradan», apuntó la diputada de En Marea y encargada de defender la moción, Paula Vázquez Verao . En este sentido, Verao subrayó que la brecha salarial «es también una forma de violencia», al igual que «las precarias condiciones del trabajo doméstico y de cuidados» o «el mayor papel de las mujeres en las tareas de atención no remunerada». La diputada del PP, Cristina Romero aclaró que «todos» los partidos coinciden en acabar con las diferencias entre hombres y mujeres, al tiempo que defendió las medidas impulsadas por la Xunta en esta materia. Precisamente, entre las propuestas que el Gobierno Gallego prevé llevar a cabo el año que viene, Romero avanzó la elaboración de un «plan de empleo femenino» .

El grupo parlamentario de En Marea introdujo el debate de la supresión de ayudas públicas a colegios que promueven la educación diferenciada en el marco de una serie de iniciativas presentadas por el partido instrumental contra la violencia machista. La parlamentaria Anxeles Cuña acusó a los colegios que separan niños y niñas de promover una enseñanza «basada en los prejuicios» que «atenta contra el principio básico de la igualdad y fomenta los estereotipos». Cuña apostó por impulsar un modelo de «coeducación» como única forma de incorporar en las aulas «el trato de las relaciones afectivas y sexuales, la gestión de las emociones, la igualdad y la equidad». Unas afirmaciones que fueron contestadas con contundencia desde las bancadas del PP por el diputado César Manuel Fernández . Fernández defendió que la educación diferenciada está «perfectamente ajustada al ordenamiento jurídico» y que «en sí misma no es constitutiva de discriminación», por lo que rechazó tomar en consideración la propuesta de En Marea. «La legislación vigente y las sentencias a favor de la educación diferenciada avalan que la administración concierte plazas con este tipo de centros», aclaró el diputado popular.

Sí suscitó consenso otra iniciativa del grupo liderado por Luís Villares para promover la puesta en marcha de campañas contra el machismo en zonas rurales . La propuesta incluye, además, mejorar la asistencia que se le ofrece a estas mujeres para evitar que sufran situaciones de aislamiento. Desde el PP, la parlamentaria Paula Prado pidió dejar a un lado los estereotipos y recordó que la violencia contra las mujeres es un problema de carácter transversal que «no entiende ni de territorio ni de clase social ni económica».