UGT-Galicia insta a reducir las desigualdades para acabar con la violencia machista

La filial gallega de la organización sindical condenó, en primer lugar, el alto número de mujeres que cada año siguen siendo asesinadas en España por sus parejas o exparejas. En 2018 se alcanzaron las 51 víctimas, y en este 2019 no parece que esa cifra vaya a mejorar : a fecha de 4 de noviembre, ya eran 50 las mujeres que habían perdido la vida en estas circunstancias –tres de ellas en Galicia–. Según recuerda el sindicato, desde que el recuento estatal comenzara en el año 2003 han sido en total 1.027, incluyendo 61 gallegas, lo que convierte a Galicia en la sexta comunidad de toda España con mayor tasa de homicidios machistas.

En este sentido, UGT considera en el comunicado sobre el 25-N emitido hoy que las mujeres no cuentan todavía con una protección judicial suficiente. Aunque las denuncias por casos de abusos y agresiones sexuales aumentaron un 17,6% en 2018 respecto al año anterior, muchas de las solicitudes de órdenes de protección siguen siendo, sin embargo, denegadas. La organización pone como ejemplo el caso de Galicia, donde en el primer semestre de 2019 el 33,7% de las peticiones incoadas fueron rechazadas . Además, también lamenta que solo el 9,2% de las 3.343 denuncias presentadas en ese mismo período acabasen en condena (en el caso de las sentencias dictadas ese porcentaje fue, en cambio, del 80,7%). «En este contexto resulta difícil pensar cómo se les puede pedir a las víctimas que denuncien, a pesar de que tengan que hacerlo como parte del camino para acabar con esta lacra. Resulta evidente que algo está fallando [...]. A pesar de los lentos avances, la igualdad no ha llegado plenamente a los tribunales ni a las instituciones», denuncia UGT.

Para el sindicato, la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a un empleo de calidad resulta esencial e imprescindible para combatir la violencia. Aunque esta se da en todos los estratos económicos y sociales, en el marco del proyecto «We go!» de la UE, que se centra en esta lacra y en el que participan diversos países, entre ellos España, se concluye que el 82,5% de las mujeres que sufrieron violencia entre 2016 y 2018 son poco independientes económicamente. Solo el 40% tienen trabajo, menos del 15% viven en una casa en propiedad y casi el 75% tiene hijos a su cargo. Todo ello contribuye a que, en dicho informe, siete de cada diez víctimas destaquen el desempleo o la situación de precariedad como los principales frenos para denunciar. «La inserción laboral debería estar garantizada por las administraciones. Hay medidas e incentivos pero son insuficientes y en muchos casos poco efectivos. De hecho, según los datos recogidos por el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, entre 2003 y 2019 el número de contratos bonificados por este motivo fue de 486, solo el 0,02 del porcentaje total de contratación femenina», apunta el sindicato.

Por último, también recuerda UGT que es precisamente en ese entorno, el laboral, donde los casos de discriminación y acoso están muchas veces latentes. Aunque no existen datos oficiales en España, se sabe por datos recabados por Inspección de Trabajo que, entre 2008 y 2017, más de 4.500 personas se vieron afectadas por infracciones en materia de discriminación o acoso sexual en el trabajo.