«El Tribunal Superior vasco tiene toda la razón; va a haber más resoluciones» que levanten restricciones

Para Míguez Macho, se están produciendo en el marco de esta tercera ola de la pandemia «situaciones de completa arbitrariedad» que no justifican su aplicación. «Medidas a tontas y a locas» en las que no se explica «de qué manera sirven para la contención de la pandemia». «Es normal que al principio de la pandemia se dieran palos de ciego» por parte de las administraciones a la hora de imponer restricciones severas para hacer frente a un virus del que se tenían pocos detalles. «Pero un año después eso no es posible», y exige que las medidas «tengan un fundamento científico».

En conversación con ABC, el catedrático de la USC explica que el cierre de los comercios o el adelanto del toque de queda «son medidas de restricción de derechos extraordinariamente fuertes» y que exigen «una argumentación muy rigurosa». Sin embargo, «los políticos no exhiben esas argumentaciones técnicas o científicas» que avalen sus decisiones. «Dicen que el toque de queda impide el botellón y las reuniones en los pisos, ¿pero eso de qué manera ampara a que se limite la movilidad del resto de la ciudadanía?», se pregunta, «hay una parte de la población que se resigna porque hay que impedir la expansión de la pandemia, pero esto jurídicamente no se sostiene más» .

A su juicio, el auto del TSJPV conocido este martes «va a abrir camino» para poner fin «a las medidas anárquicas» que «cada Comunidad Autónoma adopta ante situaciones idénticas» . «No es justificable bajo ningún punto de vista», y menos aún si se aplican los principios jurídicos «de motivación y proporcionalidad». «¿Está acreditado en algún sitio que los contagios se produzcan en los comercios para adelantar su cierre o condicionar su apertura? ¿O algún estudio científico avala que la gente se contagia por la convivencia en las vías públicas?». Para el experto, «da la impresión que este tipo de medidas se mueven por intuiciones o miedos de los políticos», cuando «lo que tienen que aportar son estudios» que refuercen su criterio.

El argumento empleado por los distintos gobiernos autonómicos para los cierres de sectores económicos y empresariales —principalmente el pequeño comercio, las grandes superficies y la hostelería— es la necesidad de limitar la interacción social de la ciudadanía para frenar posibles contagios. El catedrático insiste en que eso «ha de acreditarse» científicamente.

Míguez Macho eleva su reflexión al marco legal en vigor, este es, el estado de alarma, que también ve «cuestionado». «No se puede estar en un estado de alarma permanente, esto se dijo hace mucho tiempo» , y lamentó que «no se haya adaptado la legislación sanitaria ordinaria a situaciones de pandemia», como por ejemplo ha reclamado insistentemente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo . «El alcance de las restricciones de derechos fundamentales del estado de alarma se ha empleado con una amplitud mayor de la admisible», apostilla, «no hay instrumentos legales para luchar contra la pandemia, y sorprendentemente eso no se ha corregido en todo este tiempo».

Por último, no descarta que los sectores económicos afectados por las medidas contra la pandemia puedan reclamar responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por las pérdidas sufridas, aunque no lo ve «fácil«. «Si se anulasen en firme estas medidas y los afectados pudiesen demostrar daños ciertos, sí podría dar lugar a esa responsabilidad patrimonial» , si bien exigiría previamente «demostrar que la actuación administrativa ha sido arbitraria, despreciando las más elementales bases jurídicas».

Durante su comparecencia para dar cuenta de la reunión del comité clínico de la víspera, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, mostró su sorpresa, ya que tienen documentado que la hostelería facilita los contagios. «Tenemos claro que sí que tenemos casos de contagios en el sector hostelero , de positivos que se generan en la hostelería en general», aseguró, ya que, aunque la inmensa mayoría de contagios se producen en el ámbito familiar, esos casos entran en casa desde fuera, informa David Gómez.

«Es un entorno en el que en un momento, el de comer y beber, se quita la mascarilla. No tenemos dudas de que hay riesgo en la hostelería y la movilidad que genera. Esos dos elementos son los que nos han llevado a poner medidas », que reivindicó, «funcionan». Comesaña insistió, ante estas piedras en el camino, en la necesidad de dotarse de legislación para este tipo de situaciones.