PP y PSOE suman fuerzas para consensuar la Ley de Transparencia

«No se trata de acudir a plebiscitos que todo lo quieren legitimar», señaló Rueda en su defensa del texto, para agregar que «el gobierno más democrático no es el que ejerce su poder para hacer lo que desee». La principal motivación del Ejecutivo autonómico es «mejorar, actualizar y avanzar» en la normativa actual, impulsada en 2006, y la estatal de 2013 , con «más de 50 elementos» nuevos , entre ellos la obligación de publicar sus datos y presupuestos a todos los entes dependientes de la Xunta, órganos estatutarios y universidades.

Y precisamente al «espíritu de unanimidad» con el que el bipartito sacó adelante la citada normativa apeló el número dos de la Xunta para «lograr un cambio de actitudes en la administración pública y un aumento de la calidad democrática, con obligaciones, limitaciones y luz sobre los actos del gobierno».

Una exposición que convenció solo en parte a la oposición. Así, el portavoz parlamentario socialista, José Luis Méndez Romeu, tendió su mano a los populares para articular una ley que presenta «innovaciones notables» sobre la práctica actual, pese a que anotó ciertas deficiencias. «Carencias» , dijo apelando a la voluntad de consenso del PP, que se tendrán que corregir durante su tramitación. «No obstaculizaremos la ley, pero esperemos que tampoco el PP lo haga y nos permita mejorar el texto», señaló para justificar su abstención frente a las peticiones de devolución del resto de grupos con representación en la Cámara.

Desde su escaño, Rueda tuvo que escuchar una buena retahíla de descalificativos a un texto que, en palabras de la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, y la diputada nacionalista Teireixa Paz es una «operación de cosmética» . Ambas hicieron hincapié en el excesivo celo sobre los liberados sindicales que no alcanza a «los asesores ni a los altos cargos de las empresas públicas».

Una ley «deficitaria, tramposa e inservible» se llegó a escuchar ayer en el hemiciclo. «Queremos paredes de cristal y agendas públicas», reclamó Díaz, en clara referencia a las medidas tomadas por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que se nombró en no pocas ocasiones. «Esta ley no aporta nada, incorpora trampas y excepciones que acotan el derecho a la información e impiden fiscalizar a las concesionarias públicas», señaló la diputada de AGE , para quien la norma «nace cautiva de los intereses del PP, profundamente económicos y corruptos».

Motivos similares a los que argüía Paz . La parlamentaria ejemplificó su desacuerdo con el texto en la empresa que construyó el hospital de Vigo sobre la que la norma no ofrece garantía de control alguna a los ciudadanos . Por su parte, Consuelo Martínez desde el Grupo Mixto señaló que «queda lejos de fomentar la verdadera transparencia».

Enmiendas a la totalidad por parte de AGE, BNG y el Grupo Mixto que la diputada del PP Paula Prado tachaba de «puro teatro» , con cuestiones en el caso de la formación frentista que plagian a las presentadas a la norma estatal hace dos años y que, recordó, ya fueron solventadas, por lo que invitó a Tereixa Paz a «leerse la norma y hacer los deberes». «La transparencia es tarea de todos y las actividades poco éticas conductas individuales», zanjó .