Aduanas se lleva de María Pita el expediente de la ORA y la grúa firmado por el PSdeG

Dos agentes de Aduanas, encargados de investigar una presunta trama de corrupción sobre adjudicaciones de servicios municipales a cambio de suculentas comisiones, se desplazaban ayer hasta el Palacio de María Pita, según ha podido confirmar este diario, para solicitar concretamente el citado expediente de contratación.

La documentación se corresponde con un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 15 de abril de 2005 , fecha en la que Francisco Vázquez aun regía en la ciudad herculina con Javier Losada, exalcalde del bipartito coruñés, como número dos. Fue durante su etapa cuando se adjudicaron los servicios de la grúa y de la ORA a una de las filiales del grupo Vendex , conglomerado empresarial sobre la que gira la trama y cuyo propietario permanece en prisión desde hace más de veinte días. El contrato , firmado a diez años, suponía un coste anual de 3.372.500 euros a las arcas de la ciudad acristalada.

«Tal y como se comprometió este equipo de Gobierno, se le ha dado traslado de toda la documentación requerida a los agentes de Aduanas, quienes han agradecido la total predisposición del Ayuntamiento a colaborar», aseguraba el teniente de alcalde, Julio Flores, preguntado al respecto.

Y pese a que los documentos publicados por ABC el pasado día 5 no dejaban lugar a dudas sobre un proceso irregular en la concesión de dicho servicio, l os socialistas coruñeses defienden «máximas garantías en la transparencia» de la gestión municipal. Además, afirman que «en el caso concreto de las adjudicaciones de ORA y grúa «ya fueron juzgados en su día por una reclamación de otra empresa y la Justicia validó este proceso administrativo en las diferentes instancias».

En paralelo al estudio del expediente por parte de la juez que instruye la «operación Pokemon», los demás grupos con representación en María Pita, BNG y EU-V, reiteraban al Gobierno local la necesidad de crear una comisión de investigación sobre el proceso seguido en estas adjudicaciones. Una propuesta que también respaldan los socialistas, según justificaron para «disipar posibles dudas». César Santiso portavoz del Grupo Municipal de Esquerda Unida-Os Verdes, va más allá y, al hilo, solicita al equipo de Carlos Negreira un seguimiento del cumplimiento del pliego de condiciones de los contratos adjudicados a esta empresa.

Se trata de sociedades independientes. El conocido como grupo Vendex «no existe como figura jurídica» . Así lo aseguraba ayer la defensa de Gervasio Rolando Rodríguez, que pidió a De Lara que concrete «cuál de las sociedades está imputada». Según José Luis Sanz, encargado de asistir al propietario del conglomerado empresarial en la cárcel desde el pasado día 20 de septiembre, «una causa general está prohibida por ley», por lo que reclamó que «se desbloqueen todas las cuentas de las empresas». «No se puede imputar en genérico al grupo , porque no tiene personalidad jurídica», señaló el letrado al tiempo que demandó, a la juez instructora que especifique a qué sociedad imputa con el fin de «salir del limbo de indeterminación e inseguridad jurídica» actual.

En esta misma dirección, reprochó a la instructora de la «operación Pokemon» que no diera traslado hasta el miércoles al recurso presentado el pasado día 28 contra el auto de prisión provisional de su cliente. «No puede ser», sentenció para matizar que son doce días de retraso.

El referido recurso basa su principal argumento en que Rodríguez «tiene más de 70 años y es una persona enferma», por lo que la defensa considera que no hay razón para mantenerlo encarcelado.