El Poder Judicial ratifica la sanción que expulsa de Lugo a Pilar de Lara

El acuerdo del Pleno agota la vía administrativa. En los últimos días, la defensa de la juez Pilar de Lara —que ejerce el abogado Agustín Azparren— había avanzado su intención de apelar esta decisión ante los órganos que correspondan , empezando por un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y llegando incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sea como fuere, una vez el Pleno del CGPJ ha ratificado la sanción esta ya será efectiva una vez le sea notificada a la juez, aunque podrá instar al TS a su suspensión como medida cautelar, que podrá o no ser aceptada, según informaron a ABC fuentes del Consejo.

Según indicó a ABC el abogado Azparren, el acuerdo no le fue notificado este jueves por el CGPJ , y Pilar de Lara tuvo conocimiento de la misma a través de una nota de prensa del Consejo, una situación similar a la que por sistema ella hizo pasar a los cientos de investigados a lo largo de estos años. En Lugo, las imputaciones se leían primero en las portadas de los periódicos, y con posterioridad llegaba la comunicación judicial. Azparren confirmó también su intención de recurrir al Supremo y de solicitar cautelarmente la suspensión de la sanción.

Los integrantes del Pleno han decidido secundar la posición de la vocal Mar Cabrejas, favorable en su ponencia a desestimar el recurso de la defensa de Pilar de Lara, y por tanto ratificar la sanción impuesta en marzo por la Comisión Disciplinaria , el punto final al expediente disciplinario incoado un año antes, después de una inspección extraordinaria al Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo en mayo de 2018, en la que se constató su colapso estructural, con cientos de tomos de sumarios acumulados por sus pasillos.

El pliego de cargos del expediente, al que tuvo acceso ABC, era lapidario : «desatención constatada y generalizada», «notoria falta de control», «extensos periodos de tiempo sin actividad instructora», «manifiesta dejación en el ejercicio de las competencias judiciales», «acumulación documental» y otros tantos reproches a lo largo de veinte páginas de hechos probados.

Un rosario de anomalías detectadas que llevaron entonces al promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, a plantear la sanción de siete meses y un día por la comisión de una falta muy grave en aplicación del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, adoptada en su día por la Disciplinaria y ratificada ahora por el Pleno.

Ninguno de estos dos órganos de los jueces avaló en modo alguno la versión dada por De Lara en su defensa . Ni la situación de su juzgado era culpa de terceros —llegó a responsabilizar a secretarios judiciales—, ni había una falta manifiesta de medios —un juez de apoyo sí consiguió sacar adelante trabajo con el mismo personal que ella consideraba insuficiente— ni la tardanza se derivaba a su vez de otros juzgados, que en muchas ocasiones le han afeado sus inhibiciones tardías. Desde la Audiencia Nacional hasta compañeros de Galicia, Asturias o Cataluña han mandado piezas de regreso a Lugo, no sin antes dejar clara su disconformidad con los modos de instruir de Pilar de Lara.

Con su marcha se abre un panorama incierto en su juzgado , en el que continúan abiertas múltiples piezas de macrocausas como «Pokemon», «Carioca», «Pulpo», «Cóndor» o «Garañón», algunas pendientes de juicio, otras todavía abiertas en canal, a la espera de un punto final que no se sabe si llegará antes de que la juez sea suspendida por la ejecución de la sanción ratificada ayer.

Por el camino, la acción de De Lara se ha cobrado piezas políticas como los exalcaldes de Orense, Lugo, Santiago o Ferrol —al que imputó de oídas por un pinchazo telefónico sin acreditar y por el que tuvo que dar marcha atrás—, ninguno de los cuales se ha acabado sentando en el banquillo, diez años después del inicio de sus principales operaciones judiciales. Pero también acabó prematuramente con la carrera del exsecretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que tuvo que dimitir después de que De Lara le imputara diez presuntos delitos en los casos «Garañón» y «Pulpo», este todavía en proceso de amasado.

Intentó incluso disparar más alto y procesar a Alberto Núñez Feijóo y su vicepresidente Alfonso Rueda, al expresidente cántabro Ignacio Diego, a José Blanco, al exportavoz del PP en el Senado José Manuel Barreiro o la parlamentaria Paula Prado, todos ellos aforados. Los tribunales competentes dijeron siempre lo mismo cuando recibieron sus exposiciones razonadas: ni un solo indicio.