La juez De Lara, a punto de perder su destino en Lugo por sus irregularidades

Según ha podido saber ABC de fuentes del órgano de gobierno de los jueces, la ponente del recurso de De Lara, la vocal Mar Cabrejas, pedirá hoy al Pleno que confirme la sanción de la juez que instruyó, entre otros, las macrocausas «Carioca» o «Pokemon» , ante la gravedad de los noventa hechos probados que figuran en su expediente disciplinario.

Lo previsible es que el Pleno, que conforman la totalidad de los vocales del Consejo, confirme la sanción, como viene siendo habitual cuando se someten a revisión las decisiones de la Disciplinaria. No debe pensar lo mismo la juez, que, confiando en el buen hacer de su abogado, el exvocal del GGPJ Agustín Azparren, ha comentado en los últimos días a su entorno su previsión de que el Consejo rebaje su suspensión de siete a cinco meses a cambio de abandonar ella voluntariamente el juzgado y concursar a otro destino. La rebaja de esa suspensión no sería una cuestión menor, pues esos cinco meses no implican pérdida de destino y, por tanto, no supondrían la misma mancha en su currículo que la expulsión. Ante la opinión pública ella abandonaría ese juzgado de forma «voluntaria».

Sea como fuere, la juez da por hecho que deja su destino en Lugo y en las últimas semanas ha ido agilizando alguna de sus macrocausas, que acumulan años de instrucción. El último caso ocurrió ayer mismo, cuando comunicó a las partes la transformación en juicio oral del «caso Garañón» , por el que imputó por corrupción urbanística al exlíder del PSOE de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, que a la larga le forzó a dimitir de su cargo a pesar del apoyo de Pedro Sánchez.

El pasado 3 de marzo la Comisión Disciplinaria imponía a De Lara la misma sanción que había propuesto por el promotor, Ricardo Conde, por «la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales». Los vocales rechazaban así las alegaciones de la instructora de Lugo , que en su afán por derivar su responsabilidad a terceros, culpó del colapso estructural en su juzgado a la falta de medios por parte de la Xunta -negada por la administración autonómica-, a sus funcionarios -un juez de apoyo sí consiguió aligerar trabajo con esta misma oficina- e incluso a otros juzgados.