Otro rural posible para Galicia

«Sólo el 15% de la población rural vive de la agricultura», explicó ayer el profesor de Economía de la Universidad de Santiago Edelmiro Iglesias, uno de los autores del informe. Además, dos de cada tres explotaciones tienen una producción anual inferior a los 9.600 euros. Iglesias recalcó que para hacer frente a esta situación hay que abandonar la «mirada melancólica» al mundo rural del pasado que ya no volverá y configurar otro «rural posible» adaptado a la nueva realidad. Para ello abogó por reorientar las políticas públicas , demasiado centradas en costosas infraestructuras con rentabilidad dudosa, hacia otras actividades entre las que citó como ejemplos la «dotación de banda ancha» o el apoyo a los nuevos emprendedores.

El economista explicó que para la generación de empleo es necesario que el rural atienda a las demandas actuales de la sociedad. Entre ellas siguen presentes sus funciones tradicionales como el suministro de madera o alimentos , que pese a que ya no son la principal actividad deben seguir potenciándose. Para ello, el informe considera imprescindible encontrar un nuevo equilibrio entre los propietarios de las tierras y los interesados en utilizarlas. Dos de cada tres gallegos tienen fincas en el rural, que en la mayor parte de los casos «son un dolor de cabeza», reflexionó López, para insistir en que hay que «facilitarles que sin perder la propiedad» las tierras puedan ser usadas por otros.

Del rural, prosigue el informe también se demanda actualmente la producción de otros bienes y servicios como la artesanía, pequeña industria, turismo y energías renovables , que son funciones que también paga el mercado. Pero las ambientales o las de conservación del paisaje deben retribuirse por las administraciones públicas, considera el Foro Económico.

Otro de los problemas que acucia al rural es el territorial. Los autores del informe creen que hay que desdramatizar el hecho de que las aldeas queden abandonadas porque consideran imposible dar servicios de calidad a los más de 30.000 núcleos existentes. Apuestan por reforzar las cabeceras comarcales y también por que «el diseño de infraestructuras, ordenación de uso del suelo y de las actividades económicas y los servicios» se haga en una escala superior a la de los actuales ayuntamientos. Para ello sería necesaria la comarcalización obligatoria o la fusión de municipios.